La investigación penal relacionada con el bloqueo de vialidades realizado por integrantes de COVAFAM en Hermosillo se originó a partir de una denuncia presentada por el propio Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Sindicatura Municipal, de acuerdo con un documento oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Según el registro de recepción, la querella fue presentada el 28 de julio de 2026 a las 16:50 horas ante el Centro de Atención Temprana Hermosillo Uno, donde quedó asentado como parte ofendida el Municipio de Hermosillo y como imputado “quien resulte responsable” por el probable delito contra el normal funcionamiento de las vías de comunicación.
La denuncia fue promovida por Luis Esteban Terán Muñoz, servidor público municipal facultado para representar legalmente al Ayuntamiento, mediante un poder otorgado por la síndica municipal Blanca Lorena Colosio Altamirano.
Bloqueo afectó circulación en Rosales y Luis Encinas
Dentro del apartado de hechos, el documento señala que el 29 de julio, alrededor de las 13:00 horas, aproximadamente 30 personas bloquearon el crucero de los bulevares Rosales y Luis Encinas, impidiendo el tránsito vehicular en todos los sentidos.
La denuncia establece que los manifestantes utilizaron cinta plástica amarilla para restringir el paso y generaron afectaciones a la circulación de automovilistas que transitaban por la zona.
La existencia de esta querella cobra relevancia luego de la detención de Guadalupe Lizeth Villalobos López, dirigente de COVAFAM, quien fue asegurada por elementos de la Policía Estatal durante una manifestación relacionada con el bloqueo.
Aunque la detención fue realizada por autoridades estatales, la carpeta de investigación tuvo como antecedente la denuncia presentada un día antes de la manifestación por la autoridad municipal ante la Fiscalía.
Denuncia abrió la vía para intervención del Ministerio Público
El documento también evidencia que el Ayuntamiento de Hermosillo consideró que el cierre de vialidades podría constituir una conducta con implicaciones penales, motivo por el cual solicitó formalmente la intervención del Ministerio Público para investigar los hechos y determinar responsabilidades.
La querella se presentó el 28 de julio, según la fecha de recibido oficial, mientras que la manifestación de la integrantes de COVAFAM fue el 29 de julio y durante la manifestación la Policía Municipal no realizó detenciones en el lugar.
Con la apertura de la carpeta de investigación, corresponderá a la Fiscalía General de Justicia del Estado determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades legales por el bloqueo registrado en una de las zonas viales más importantes de la ciudad.
