Un tribunal de la provincia china de Jiangsu condenó este lunes a pena de muerte a Yang Youlin, exalto funcionario del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing, tras declararlo culpable de aceptar sobornos por más de 2 mil 214 millones de yuanes (308.7 millones de dólares), además de otros delitos económicos.
El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou lo encontró responsable de soborno, malversación, pago de sobornos, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales, de acuerdo con el fallo difundido por la corte y citado por el diario Legal Daily. La sentencia también contempla la privación de sus derechos políticos de por vida y la confiscación de todos sus bienes personales.
Asimismo, la corte ordenó que los bienes obtenidos de manera ilícita y los rendimientos generados sean entregados al Tesoro estatal, mientras que las cantidades que aún no hayan sido recuperadas seguirán siendo reclamadas por las autoridades.
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De acuerdo con la resolución, entre 1993 y 2023, Yang aprovechó los distintos cargos que ocupó en organismos relacionados con el desarrollo económico, urbanismo, construcción y turismo de Nanjing para favorecer a empresas y particulares en adjudicaciones de obras, operaciones empresariales, cesión de terrenos y circulación de fondos. A cambio, recibió bienes con un valor superior a 2 mil 214 millones de yuanes (308.7 millones de dólares).
El tribunal calificó el monto de los sobornos como “especialmente enorme”, afirmó que el caso tuvo un “impacto social especialmente negativo” y sostuvo que los delitos provocaron pérdidas particularmente graves para los intereses del Estado y de la ciudadanía. Aunque Yang proporcionó información sobre delitos cometidos por otras personas, la corte determinó que esa cooperación no era suficiente para reducir la condena.
En China, las penas de muerte con suspensión de dos años son comunes en casos de corrupción de gran magnitud y suelen convertirse en cadena perpetua si el condenado no incurre en nuevos delitos durante ese periodo. Sin embargo, las condenas a muerte sin suspensión son menos frecuentes y se reservan para casos considerados de extrema gravedad. La sentencia se da en el contexto de la campaña anticorrupción impulsada desde 2012 por el presidente chino Xi Jinping, dirigida contra funcionarios de todos los niveles y directivos de empresas estatales.



