Roxana “N” fue vinculada a proceso este domingo 10 de mayo en Baja California por el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual, tras la muerte del niño Vicente, de tres años, quien falleció luego de permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo expuesto a altas temperaturas en Mexicali.
La audiencia judicial se prolongó durante aproximadamente 16 horas y concluyó con la imposición de prisión preventiva para la imputada, además de un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La información fue confirmada por Roberto Rodríguez, representante de la organización No más hijos rehenes, en declaraciones a la prensa.
El caso generó fuerte conmoción social luego de que las autoridades informaran que el menor murió a consecuencia de un golpe de calor tras ser olvidado en su silla de seguridad al interior de un automóvil en el fraccionamiento La Rioja.
De acuerdo con los reportes oficiales, Vicente presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos provocadas por las temperaturas extremas a las que estuvo expuesto dentro del vehículo.
En caso de ser encontrada culpable, Roxana “N” podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión. La próxima audiencia fue programada para el próximo 10 de septiembre.
Durante la audiencia, el padre del menor presentó más de 25 datos de prueba, entre ellos mensajes de texto y audios que, según su defensa, evidenciarían amenazas previas contra el niño.
El caso también detonó un debate público en Baja California sobre los procesos de custodia infantil y motivó la propuesta de la llamada Ley Vicente.
La iniciativa busca que las resoluciones judiciales relacionadas con custodia de menores prioricen el interés superior de la niñez por encima de otros criterios, en medio de cuestionamientos sobre los actuales mecanismos legales aplicados en disputas familiares.
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Familiares, amigos y organizaciones civiles apoyaron la iniciativa legislativa denominada Ley Vicente que impulsa, Juan Carlos Meza Beltrán, padre del menor, para que en juicios familiares, antes de emitir cualquier fallo, se ordene una investigación psicológica, el entorno familiar y condiciones que tendrá un menor, colocando el interés superior de la niñez por encima de la perspectiva de género.
