Google acordó pagar 50 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por empleados afroamericanos que acusaron a la empresa tecnológica de mantener prácticas de discriminación racial en contratación, salarios y ascensos laborales.
El acuerdo pone fin al proceso legal iniciado en 2022 y ya recibió la aprobación final del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
El abogado de derechos civiles Ben Crump, representante de los demandantes, señaló que el caso expuso obstáculos históricos enfrentados por trabajadores afroamericanos dentro de la industria tecnológica.

“Durante demasiado tiempo, los empleados negros de la industria tecnológica han enfrentado barreras que limitan sus oportunidades”, expresó Crump en un comunicado.
La defensa también destacó que el acuerdo representa un paso importante para exigir responsabilidades dentro de Silicon Valley y enviar un mensaje contra prácticas laborales discriminatorias.
El convenio contempla la creación de un fondo de 50 millones de dólares, además de medidas internas enfocadas en fortalecer la equidad salarial y mejorar los mecanismos de denuncia dentro de la compañía.
La demanda colectiva fue encabezada por April Curley, quien aseguró que cuando ingresó a la empresa en 2014, Google contaba con más de 32 mil empleados, pero únicamente 628 eran afroamericanos, equivalente al 1.9 % de la plantilla laboral.
Según el documento judicial, aunque la empresa incrementó gradualmente la diversidad de su fuerza laboral, para 2021 el porcentaje de empleados afroamericanos apenas alcanzaba el 4.4 %, cifra todavía inferior al promedio de la industria tecnológica en Estados Unidos.

La demanda también acusaba a Google de asignar a trabajadores afroamericanos puestos de menor nivel jerárquico pese a contar con experiencia y responsabilidades equivalentes a las de otros empleados.
Además, señalaba que empleados negros recibían salarios menores en comparación con trabajadores de otras razas que realizaban funciones similares.
El caso se suma a una serie de cuestionamientos dirigidos a grandes empresas tecnológicas sobre diversidad, inclusión y prácticas laborales dentro del sector.


