Con 344 votos a favor y 127 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, cuyo objetivo es fortalecer las atribuciones de la institución para combatir amenazas en el mar, participar en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, y utilizar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en operaciones navales.
El dictamen, que fue enviado al Senado de la República para su análisis, plantea una reestructuración en los niveles de mando, incluyendo el cambio de denominación del Estado Mayor General de la Armada por la nueva Jefatura de Operaciones Navales, con el fin de concentrar en un solo órgano especializado la planeación, ejecución y supervisión de las operaciones.
La nueva legislación establece que el alto mando, a cargo del titular de la Secretaría de Marina, contará con órganos asesores responsables de proporcionar elementos de juicio para la toma de decisiones, entre ellos la Jefatura de Operaciones Navales, el Consejo del Almirantazgo y la Unidad de Inteligencia Naval.
Durante la discusión, el diputado panista Agustín Rodríguez presentó una moción suspensiva para frenar el debate y devolver el dictamen a comisiones, argumentando violaciones a los plazos del proceso legislativo.
“Por respeto a nuestras fuerzas armadas, expedir la Ley Orgánica de la Armada de México requería un mucho mayor análisis y un mucho mayor estudio. Sin embargo, a veces son más las prisas y la improvisación, quizás porque ya empezaban las primeras notas de la Sonora Santanera y no querían llegar tarde al baile. O quizás tenían algún partido de pádel que atender”, señaló, en referencia a actividades extraparlamentarias de legisladores morenistas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Marina, Humberto Coss, llamó a respaldar el proyecto más allá de posturas políticas. “Votar por este proyecto significa votar por la continuidad institucional, por la modernización del sector marítimo, por la seguridad del pueblo de México y por el futuro de nuestra nación”, afirmó.
“Con su voto a favor reafirmamos nuestro compromiso con México, con su soberanía y con el fortalecimiento de su Armada, garantizando que esta institución cuente con el marco legal y las herramientas necesarias para proteger nuestros mares, nuestros recursos, nuestro pueblo y nuestro futuro”, subrayó el legislador de Morena y almirante en retiro.
Entre los cuestionamientos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano destacó la preocupación por una posible ampliación de la militarización de la seguridad pública. No obstante, la nueva Ley Orgánica otorga a la Armada de México facultades para perseguir, abordar, registrar e inspeccionar buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva y en altamar, con el fin de fortalecer el combate a los delitos cometidos en el mar.
La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluye además la participación de la Armada en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad para la conducción de operaciones militares en el ciberespacio, en colaboración con otras autoridades, así como el uso de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica.
El documento también dispone que la Armada participará en la elaboración e implementación de políticas de defensa instruidas por el Mando Supremo, y será responsable de mantener actualizada la política nacional de defensa marítima.
Asimismo, prevé que las atribuciones de la Armada puedan ejercerse en coordinación con la Guardia Nacional, como parte de la fuerza armada permanente.
Entre sus nuevas facultades se incluye el apoyo a la seguridad y protección aeroportuaria mediante unidades navales especializadas, que coadyuvarán con autoridades de los tres órdenes de gobierno conforme a las disposiciones legales aplicables.
En cuanto a las tareas de combate a delitos en el mar, la ley establece que la Armada “ejercerá funciones de Guardia Costera para implementar, en nombre del Estado mexicano y a través de sus unidades operativas, el derecho de visita y persecución, así como acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones, y las medidas establecidas en los tratados internacionales suscritos por México”.
Cuando, durante estas funciones, se detecte la posible comisión de un delito, el personal naval deberá poner a disposición de la autoridad competente a las personas, objetos e instrumentos relacionados, conforme al protocolo de actuación de la Guardia Costera.
