La administración del presidente Donald Trump ha ampliado significativamente el uso de cárceles locales y otros centros de reclusión para detener migrantes, en medio de un aumento del 49% en la población bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde enero, cuando inició su segundo mandato.
De acuerdo con cifras oficiales, ICE tenía 55 mil 568 personas detenidas a mediados de julio, casi 18 mil más que las registradas a finales de enero (37 mil 317).
Para enfrentar este aumento, la agencia ha recurrido al menos a 150 cárceles de condados, además de prisiones federales y nuevas instalaciones como el centro de detención “Alligator Alcatraz”, ubicado al oeste de Miami.
Según el monitoreo de la organización Vera, ICE tuvo en junio 436 sitios activos —lugares que retuvieron al menos a una persona migrante—, lo que representa un aumento del 7.13% respecto a enero y un 14.44% más comparado con junio de 2024.
A pesar de estos datos, diversas organizaciones civiles han denunciado que ICE omite reportar varios de estos centros. The Marshall Project, por ejemplo, identificó a 6 mil 600 migrantes detenidos en al menos 150 cárceles locales, mientras que Prison Policy Initiative detectó un promedio de 10 mil 547 migrantes retenidos entre mayo y junio en 80 prisiones municipales.
Un dato que agrava la situación: el 71.1% de los migrantes detenidos no enfrenta cargos criminales, de acuerdo con TRAC, un proyecto de la Universidad de Syracuse especializado en datos migratorios.
Aún así, muchas de estas personas son recluidas en prisiones comunes, en condiciones similares a las de reclusos con condenas penales.
Además, tres de cada cuatro cárceles que reportan sobrepoblación con migrantes son instalaciones de condados, lo que, según los expertos, refleja un modelo descentralizado y poco transparente.
“Tenemos un montón de información fragmentada, sitios que aparecen y desaparecen sin aviso y reportes de nuevos centros que no figuran en las listas oficiales de ICE”, señaló Susan B. Long, cofundadora de TRAC.
Un ejemplo de esta opacidad es el caso del centro “Alligator Alcatraz”, que abrió el pasado 3 de julio y no aparece en las estadísticas oficiales, pese a reportes de prensa que confirman su uso para detener migrantes.
Michael Flynn, director ejecutivo del Global Detention Project, subraya que esta práctica no es nueva, pero advierte que el crecimiento es alarmante: “EE.UU. ha utilizado prisiones y estaciones de policía para detener migrantes durante décadas. Pero ahora, los números son realmente impactantes”.
Flynn también acusó al gobierno estadounidense de violar tratados internacionales al no separar adecuadamente a personas detenidas por motivos migratorios de aquellas bajo proceso penal.
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ICE proyecta recibir 45 mil millones de dólares hasta 2029, un 62% más que todo el presupuesto del sistema federal de prisiones, según el American Immigration Council. Esto ocurre en un contexto donde nueve de cada diez migrantes están en centros administrados o subcontratados por empresas privadas.
“Este sistema ha sido históricamente un parche entre centros federales, cárceles locales y contratos con empresas privadas. Pero ahora, la magnitud y el dinero detrás de él representan una grave amenaza a los derechos humanos de los migrantes”, advirtió Jeff Migliozzi, vocero de Freedom for Immigrants.
Con estas cifras y prácticas, Estados Unidos continúa operando el sistema de detención migratoria más grande del mundo. Y bajo la actual administración, ese sistema parece estar creciendo más que nunca.
