Luego de que la Casa Blanca se pronunciara ante la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) sobre una denuncia que señala que una reportera fue vetada por el Despacho Oval por el usar el nombre del Golfo de México en vez de Golfo de América, advitiró que “exigirán cuentas” a los periodistas que “difundan mentiras”.
“Si vemos que los medios de comunicación en esta sala difunden mentiras vamos a exigir cuentas y es un hecho que la masa de agua que está frente a la costa de Luisiana se llama golfo de América”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
En este sentido, cuestionó que haya medios de comunicación que no utilicen esa denominación si empresas como Apple o Google ya lo reconocen.
Nos reservamos el derecho de decidir quién entra al Despacho Oval.
“Nadie tiene derecho” a hacer preguntas al presidente: Casa Blanca
Preguntada por si este tipo de medidas pueden sentar un “precedente” y en qué lugar queda la Primera Enmienda, reiteró que “nadie tiene derecho” a hacer preguntas al presidente, sino que es una “invitación” que se recibe y es un “privilegio” que se tiene.
Poco antes, la portavoz de la Casa Blanca dijo que “la libertad de expresión y el fin de la censura”, tanto en Estados Unidos como en el exterior, son una “parte importante” de la agenda conservadora del presidente Donald Trump.
AP denuncia que la Casa Blanca le prohíbe entrada al Despacho Oval
Esto se produce después de que la editora ejecutiva de AP, Julie Pace, denunciara ayer martes que la Casa Blanca pidió al medio de comunicación “alinear sus estándares editoriales con la orden ejecutiva” de Trump que rebautizaba el Golfo de México.
“Es alarmante que la administración Trump castigue a AP por su periodismo independiente. Limitar nuestro acceso al Despacho Oval en función del contenido del discurso de AP no solo impide gravemente el acceso del público a las noticias independientes, sino que viola claramente la Primera Enmienda”, expresó en un comunicado.
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Pace recordó que la orientación de la agencia respecto del Golfo de México, publicada el 23 de enero, señala que la orden de Trump solamente tiene autoridad dentro de Estados Unidos, mientras que México, otros países y organismos internacionales, no tienen la obligación de reconocer el cambio de nombre.
La ONG Amnistía Internacional resaltó que “negar el acceso a la prensa por desacuerdos en la cobertura es una práctica habitual de los gobiernos represivos”, y destacó que “los periodistas son fundamentales para promover la transparencia y los Derechos Humanos”.
