El año comenzó con sequías en 61.5% de municipios del país, situación que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfrenta con un recorte del 13% del presupuesto, en comparación con el que se le asignó para 2023, lo que implica una reducción de 9 mil 98 millones de pesos reales, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Los programas a los que se quitó más presupuesto corresponden a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (-47.7%); infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas (-36.8%); así como el de agua potable, drenaje y tratamiento (-27.3%).
Aquellos en los que se observan incrementos son las provisiones para el desarrollo de infraestructura hidráulica (717.5%), la gestión integral y sustentable del agua (4.5%) y las actividades de apoyo administrativo (1.5%).
La organización alertó que la reducción en el presupuesto plantea una incertidumbre sobre cubrir la capacidad de la infraestructura para abordar el problema de la gestión del agua, especialmente en el contexto de la reducción de las precipitaciones y la ola de calor que en junio pasado afectó a 22 entidades.
Conagua lleva una década con recortes presupuestales
Óscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del IMCO, explicó que “Conagua viene de una restricción presupuestal importante desde inicios del sexenio. El presupuesto para alcantarillado, tuberías y tratamiento de aguas se redujo en casi 50%, lo que es tremendo porque solo en la Ciudad de México perdemos de 30 a 50% del agua en fugas”.
Para el IMCO resulta alarmante que esta reducción en el presupuesto ocurra mientras mil 614 municipios del país están enfrentando “una crisis hídrica”, con “sequías severas, extremas y excepcionales”, según datos de la propia Conagua.
“El país carece de un andamiaje institucional adecuado para hacer frente a la nueva realidad. La infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado son obsoletas y presentan deficiencias en detrimento de una correcta gestión del agua”, comentó en entrevista Ocampo.
“En los últimos cinco años únicamente se ha modernizado el 3.2% de las tuberías de asbesto en las colonias más viejas de la capital, aún cuando es el principal talón de aquiles en el tema del agua, pero no se ha reconocido como una prioridad en el presupuesto, las mayores inversiones de la Conagua para 2024 son algunas presas en Sinaloa, Nuevo León y Jalisco”, indicó.
El investigador explicó que Conagua ha tenido reducciones en su presupuesto desde 2014, año en el que recibió 75.5 mil millones de pesos reales. En diez años, el IMCO encontró que los recursos para la Comisión Nacional del Agua se redujeron en 12.9 millones de pesos.
“El reto no es tanto construir presas o acueductos, sino que perdemos de 30 a 50% de agua en promedio en fugas de tuberías, pero todo parece indicar que no se va a atender al menos este año, más que con curitas que no resuelven de fondo el problema”, agregó.
Once años sin Ley General de Aguas
En febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México, mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación se estableció un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas para reemplazar la Ley de Aguas Nacionales -vigente desde 1992-, pero a más de una década de esto su aprobación sigue pendiente.
El IMCO llamó al Congreso de la República a legislar en la materia, de tal forma que las normas estén adaptadas a la nueva realidad, “donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica”.
Para la organización, este tema, como cualquier otro relacionado con los recursos naturales del país, “es polémico”, lo que ha obstaculizado que se discuta alguna de las 13 iniciativas que se han presentado al Congreso desde 2012, ya que “actores de la sociedad civil y de partidos políticos se han opuesto”.
“Un marco legal y regulatorio más moderno no resolverá por sí solo los retos de la gestión del agua, pero es una condición indispensable para encaminar al país hacia sistemas hídricos más eficientes que garanticen el acceso al agua para todos los mexicanos”, apuntó.
De cara a la elección presidencial en junio, el IMCO indicó que es “urgente que las plataformas políticas de las candidatas aborden con seriedad la problemática del agua. La crisis hídrica de las últimas semanas debe entenderse como un llamado a la acción para modernizar la gestión de los recursos hídricos en el país”.
Las propuestas de la organización
Para atender la problemática de la gestión del agua, el IMCO llamó a que el Congreso de la Unión apruebe anualmente recursos suficientes para Conagua y que se ajusten los volúmenes a concesionar para la extracción de agua superficial o subterránea, de modo que se ajusten a la disponibilidad anual ambientalmente sostenible.
“La falta de actualización de las disposiciones para otorgar títulos de concesión promueve malas prácticas entre los usuarios. Por ejemplo, existen casos que al momento de obtener la concesión le daban uso agrícola al agua, pero hoy en día esa misma concesión se utiliza para otra actividad industrial, comercial o de servicio”, indicó la asociación.
También propuso que se haga obligatoria la medición de las concesiones por parte de la Conagua, incluyendo al sector agropecuario; desarrollar un plan para el uso eficiente del agua y que se promueva un mayor volumen de tratamiento de aguas residuales.
“La presión hídrica que enfrenta más de la mitad del país exige un presupuesto suficiente y utilizado racionalmente ante un panorama donde las sequías aumentan debido al cambio climático. Se requiere inversión constante, no solo en infraestructura hídrica, sino también en proyectos de conservación y manejo sostenible del agua, como el monitoreo, la vigilancia y una adecuada regulación”, remarcó el IMCO.
