Por Sergio Carmona
Los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conformada por los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aprobaron el proyecto en el cual se argumenta que la demanda promovida por el gobierno de Chihuahua no aduce en ninguna forma violaciones a la constitución política por lo que el acuerdo de distribución de libros de texto gratuitos resulta ilegal.
El ministro Arturo Zaldívar propuso el desechamiento de la controversia 400/2023 promovida por el gobierno de Chihuahua, y durante la sesión realizada este miércoles se resolvió declarar infundada el recurso.
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En el proyecto, en el cual se analizó el recurso de queja presentado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en contra de la controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua, se señala que resultó innecesario “analizar la oportunidad y la legitimación en el recurso así como los agravios propuestos”.
La SCJN recalcó que los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, toda vez que el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de educación básica, por lo que apuntó que estos preceptos se cumplen con los textos actuales.
En el análisis de la controversia constitucional 400/2023 también se dejó sin efecto la admisión de la demanda de controversia constitucional.
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Lo anterior, “en virtud de que el poder ejecutivo del estado de Chihuahua, carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional planteada”.
De esta manera se desechó la demanda presentada el 4 de agosto pasado ante la Suprema Corte, por la consejera jurídica del estado de Chihuahua, Yadira Anette Gramer, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) y otras instituciones relacionadas con el diseño, elaboración, producción y distribución de los libros de texto gratuito.
Con esta determinación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) podrá iniciar con el reparto de este material didáctico a un mes y medio de haber empezado el ciclo escolar 2023-2024.
Con la resolución emitida hoy, se abrió la puerta para que, en el futuro, en Coahuila se repartan también los libros de texto gratuitos, pero hasta que la Corte vuelva a estudiar los recursos de reclamación interpuestos contra la admisión a trámite de la controversia promovida por ese estado.
Información de Vanguardia
