La Presidencia de la República arremetió contra los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek por mantener la suspensión contra la implementación de las reformas electorales del llamado “Plan B” en las elecciones por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. además de afirmar que la actuación de ambos ministros fue más política que jurídica.
A través de un comunicado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al ministro Pérez Dayan de actuar sin ética y con falta de imparcialidad al momento de votar el recurso de reclamación que presentó la Consejería Jurídica para impugnar el freno que el propio Pérez Dayán impuso a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
La Presidencia de la República reiteró su señalamiento de que la citada suspensión fue dictada de manera indebida y que faltó imparcialidad a los tres ministros que votaron por desechar el recurso de reclamación promovido por la Consejería Jurídica.
En este sentido, el gobierno de López Obrador recordó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó un proyecto de sentencia ante la Segunda Sala de la Corte para declarar fundado el recurso de reclamación de la Presidencia, argumentando que el artículo 64 de Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “prohíbe expresamente a los ministros de la SCJN suspender los efectos de una norma general”.
No obstante, la Presidencia reclamó que los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y el propio ministro Alberto Pérez Dayán, votaran en contra del proyecto de sentencia “sin expresar razón alguna”.
Por lo anterior, el gobierno de López Obrador acusó a dichos ministros de conducirse con parcialidad y con un “criterio evidentemente político, que no jurídico”, debido a que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces, magistrados o ministros intervenir en asuntos en que ellos mismos participaron o emitieron una resolución que es impugnada o cuestionada como es el caso de las reformas constitucionales del llamado “Plan B” electoral.
El objetivo de dicha prohibición es evitar que un impartidor de justicia sea parcial al momento de resolver un caso, por lo que en el caso del ministro Alberto Pérez Dayán dicho principio se violó según el gobierno federal.
“Es una cuestión de ética judicial que el ministro Pérez Dayán no observó, pues, al ser juez y parte, estaba obligado a excusarse para no participar en la votación de un asunto en el que se proponía revocar su resolución, de conformidad con el artículo 126, fracciones XVI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, reclamó la Presidencia de la República.
En su comunicado, el gobierno de AMLO también reclamó supuestas contradicciones del ministro Javier Laynez al resolver el recurso de reclamación, ya que anteriormente había votado por negar las suspensiones de normas generales.
“El ministro Laynez Potisek, en contra de sus propios precedentes, ahora ya no considera que la suspensión de normas generales constituye una prohibición expresa que no da lugar a interpretación alguna”, afirma el comunicado.
Por lo anterior, la Presidencia de la República concluyó que “la ley dejó de ser la ley para algunos ministros, pues, con su actuar, vacían de contenido el artículo 64 de la Ley Reglamentaria y contravienen el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan los procedimientos constitucionales”.
“La imparcialidad constituye el principio de mayor valor en todo sistema judicial. Si los jueces no cumplen este principio, no existirá justicia. Los integrantes del tribunal constitucional tienen la obligación de actuar en todo momento con imparcialidad para garantizar al pueblo de México que puede confiar en su labor; de ello dependerá conservar o perder su legitimidad”, remata el texto del reclamo gubernamental.
