El gobierno de Puebla interpuso un recurso de revisión en contra del amparo que que busca evitar la criminalización a las personas que practiquen un aborto.
Melissa Ayala, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las asociaciones que participó en el amparo, explicó a Animal Político que el recurso de revisión denuncia que “las organizaciones que lo presentamos no se nos tendría por qué permitir refutar esta normas”.
“También señalan que la Constitución local protege el derecho a la vida desde la concepción entonces esto impediría que se pueda interrumpir el embarazo y en tercer lugar dice que no tendría que hacerse el aborto en Puebla porque existen los anticonceptivos”, dijo la abogada de GIRE.
De acuerdo con Melissa Ayala, se trata de un recurso de revisión “muy conservador”. “Nos sorprendió sobre todo porque el propio gobernador, Miguel Barbosa, había declarado que Puebla estaba lista para la despenalización del aborto y entonces con sus acciones nos muestra otra realidad”.
Información de Manatí detalla que durante el foro “El Derecho a decidir más allá de los Congresos” en las instalaciones de la Comisión estatal de Derechos Humanos en Puebla, organizaciones denunciaron que a pesar que en el Congreso hay tres iniciativas para despenalizar el aborto, los diputados siguen sin discutirlas.
Amparo a favor del aborto en Puebla
Un juez de distrito concedió el amparo de entrada para la interrupción del embarazo, al argumentar que las organizaciones tienen interés legítimo para impugnar los artículos que penalizan el aborto consentido y voluntario.
En dicho amparo se mencionó que se trata de un derecho de niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes, y que si bien es cierto que la Constitución local habla del derecho a la vida desde la concepción, bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como un impedimento para el acceso al aborto.
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar, es decir, que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar.
