La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió el año pasado un caso de arbitraje internacional contra la canadiense ATCO Ltd y tuvo que pagar una indemnización de unos 85 millones de dólares, según tres personas familiarizadas con el asunto.
Si bien se trata de un gasoducto cuya construcción fue contratada por el gobierno anterior, el caso muestra el tipo de compensación que México podría tener que pagar en disputas en las que el actual Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador está envuelto por polémicas medidas para reforzar el control estatal del mercado energético.
La Corte de Arbitraje Internacional de Londres dictó el laudo a favor de ATCO en octubre de 2021, dijeron las fuentes. Una vez añadidos los honorarios legales y los intereses, la suma ascendió a unos 100 millones de dólares, que la CFE pagó a ATCO en diciembre, añadieron.
ATCO no podía hacer comentarios porque sus relaciones contractuales con la empresa estatal mexicana son confidenciales, dijo un portavoz de la empresa, y añadió que seguía comprometida con la búsqueda de soluciones energéticas eficientes y de bajas emisiones en México. El tribunal declinó hacer comentarios y la CFE no respondió a solicitudes de comentarios.
La firma persiguió el arbitraje porque después de que el presidente López Obrador asumió el poder en 2018, la CFE canceló un contrato firmado con la firma canadiense en la administración pasada para construir un gasoducto cerca de la ciudad central Tula con el argumento de que la obra estaba incompleta, dijeron las fuentes.
ATCO ya había construido la mayor parte del gasoducto Ramal Tula, de 17 kilómetros, que debía abastecer a una central eléctrica. Pero la empresa dijo que no podía terminar el tramo final debido a la resistencia de las comunidades locales, por lo que invocó una fuerza mayor.
La empresa canadiense argumentó que México no había hecho lo suficiente para permitirle completar el gasoducto y el tribunal le dio la razón, dijeron las fuentes. El proyecto había sido estimado inicialmente como una inversión de 66 millones de dólares cuando se adjudicó en 2014.
AMLO ha modificado la ley para reforzar la posición de la CFE y de la petrolera estatal Pemex a expensas de otros operadores independientes, argumentando que los gobiernos anteriores sesgan el mercado a favor del capital privado.
Aun así, en julio, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos solicitó pláticas de resolución de disputas con México sobre miles de millones de dólares en inversiones energéticas, argumentando que las políticas de López Obrador violaban el T-MEC.
Canadá se sumó rápidamente a la queja de Estados Unidos, que funcionarios están trabajando para resolver.
La CFE dijo en su informe anual del 2021 que se enfrentaba a 21 casos de arbitraje internacional y que había aumentado considerablemente sus reservas para litigios y demandas.
Sin embargo, ha habido señales de que México está encontrando formas de superar algunas disputas.
En agosto, la empresa canadiense TC Energy dijo que había cerrado un acuerdo con la CFE para construir un gasoducto de 4,500 millones de dólares en el sureste de México.
En el anuncio, TC Energy dijo que las dos partes habían acordado “poner fin mutuamente” al arbitraje internacional relacionado con otros ductos que la empresa canadiense estaba construyendo en México.
Información de El Economista
