CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el viernes apoyo a Israel para que extradite al exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra en ese país desde hace dos años y es solicitado por la justicia mexicana por supuestos casos de tortura, entre otros delitos, relacionados con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Durante su conferencia matutina López Obrador indicó que el 23 de septiembre envió una misiva al primer ministro de Israel, Neftali Bennett, para pedirle que intervenga en el proceso de extradición de Zerón, quien huyó hacia ese país en agosto de 2019 luego de que se le abrió un proceso por torturas, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
Las autoridades mexicanas llevan meses gestionando sin éxito la extradición del exfuncionario, el de mayor rango que se encuentra prófugo por este caso.
Zerón fue el primer jefe en la investigación del caso Ayotzinapa y es considerado el principal responsable del encubrimiento de las desapariciones ocurridas en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, en las que participaron delincuentes y fuerzas de seguridad de distintos niveles de gobierno.
En el escrito, López Obrador se refiere al caso de Ayotzinapa como “una de las agresiones históricas más graves” a los derechos humanos que ha sufrido México en las últimas décadas y recordó que la desaparición de los estudiantes de magisterio es “una acción brutal y despiadada en la que se coludieron miembros del narco y autoridades”.
Por ello, el mandatario apeló a la lucha liderada por Israel en la denuncia de los derechos humanos y las violaciones sufridas por su pueblo. “Sabemos de su sensibilidad y solidaridad para un caso como el que nos ocupa, el cual tanto ha lastimado a nuestra comunidad y que es esencial resolver para devolverle la transparencia y la justicia a la vida pública de nuestro país”, dice la carta que fue recibida la víspera por las autoridades de Israel.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala capturaron a los estudiantes con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguró que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.
Sin embargo, esa versión, calificada entonces como “la verdad histórica”, quedó descartada porque aunque en diciembre de 2014 se identificó al primer estudiante a través de un hueso localizado en una bolsa que se halló junto al río, la actual fiscalía confirmó que ese hallazgo fue “un montaje”.
Además, durante el gobierno de López Obrador, otros dos estudiantes fueron identificados a partir de restos encontrados en un lugar distinto del basurero.
La fiscalía mexicana considera a Zerón el principal artífice de ese montaje y lo acusa de torturar a detenidos para poder justificar la denominada verdad histórica.
Centenares de jóvenes y activistas políticos realizaron el pasado fin de semana una marcha en el centro de la Ciudad de México para exigir a las autoridades esclarecer el caso porque, siete años después del crimen, todavía no se sabe qué paso con los estudiantes.
