Un juez federal vinculó a proceso al exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de recibir presuntos sobornos de la constructora Odebrecht para agilizar la aprobación de la reforma energética en el sexenio pasado.
El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia consideró que las pruebas iniciales presentadas por la FGR eran suficientes para presumir que Lavalle pudo haber participado en esa trama delictiva. Ordenó que el exsenador se quede preso de forma preventiva en el Reclusorio Norte mientras dure el proceso y autorizó un periodo de tres meses para que se completen las investigaciones antes de ir a juicio.
La decisión judicial se tomó luego de una larga e intensa audiencia que se extendió por casi 18 horas y concluyó a las 6 de la mañana de hoy.
Los abogados de Lavalle presentaron ante el juez más de 20 datos de prueba. Antes de ingresar a la audiencia los litigantes declararon que las pruebas de la FGR, reunidas a partir de la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, eran débiles. Argumentaron, por ejemplo, que el video donde se aprecia a un colaborador de Lavalle repartiendo dinero en unas maletas era de una fecha posterior a los hechos denunciados.
“El debate fue muy intenso entre las partes, pero al final el juez determinó que los indicios iniciales de la Fiscalía eran suficientes para abrir el proceso penal y continuar con las investigaciones”, dijo un funcionario judicial a este medio.
Lo que sigue en el proceso es que las partes aprovechen el tiempo de investigación complementaria dictada por el juez para reunir un cúmulo de pruebas con la que buscarán probar la culpabilidad o inocencia del exsenador, según sea el caso. La presentación de dicha evidencia se realizará en una audiencia intermedia programada para julio.
Los abogados del exsenador también tienen la posibilidad de apelar la vinculación a proceso dictada por el juez Fuerte Tapia para que un tribunal federal revise el caso o, en su defecto, promover un amparo.
Otros implicados, en la mira
Como Animal Político detalló en esta nota, la FGR acusó a Lavalle de participar en una presunta asociación delictiva en la que se canalizaron recursos ilícitos pagados por Odebrecht para sobornar a legisladores con la finalidad de que se agilizara la aprobación de la reforma energética.
Esta operación ilegal fue denunciada por el propio exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien reconoció haber participado en ella por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Lozoya hizo esta confesión como parte de un proceso en el que busca ser perdonado de los delitos que cometió.
En ese contexto y ya con el primer caso judicializado exitosamente en contra de Lavalle, se abre la posibilidad para que la FGR lleve ante los jueces al resto de los implicados que señaló en la audiencia, entre los que figuren el propio Peña Nieto y Videgaray, y exsenadores como Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente.
