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miércoles, abril 29, 2026

Por violar protocolo sanitario, obligan a personas de Indonesia a cavar las tumbas para muertos por COVID-19

Noticias México

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El senador sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera volvió a solicitar licencia para separarse de su cargo en el Senado de la República, marcando así su segunda salida en menos de un año legislativo.
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El uso de mascarilla se ha convertido en un claro objeto de polémica en muchas partes del globo. No llevarlas o cubrirse parcialmente con ellas –el famoso destape de nariz– suele penalizarse con sanciones económicas, pero en Indonesia, el país con más víctimas mortales del sureste asiático, han decidido que eso ya no es suficiente para disuadir a la gente de ir sin antifaz. Las autoridades de Gresik, al este de la isla de Java, han ideado un insólito –y macabro– castigo para los infractores: ponerles a cavar tumbas de fallecidos por Covid-19.
En total, ocho personas que habían violado el protocolo sanitario al no llevar mascarilla en espacios públicos fueron enviadas por las autoridades locales a un cementerio del poblado de Ngabetan, según publica el diario The Jakarta Post. “Solo hay tres sepultureros disponibles por el momento, así que pensé que lo mejor sería ponerles a trabajar con ellos”, explicó Suyono (que como muchos indonesios se identifica únicamente con un nombre), jefe del distrito de Cerme, en Gresik.
Aunque inusual, la decisión de Suyono y su equipo responde a la desesperación de las autoridades indonesias por contener la propagación del coronavirus. El funcionario explicó que los casos siguen creciendo en su distrito, lo que ha llevado a que se endurezcan las medidas de distanciamiento y las multas a los infractores.
El repunte en esa parte de Java va en línea con lo que ocurre en el resto del país, que este miércoles batió un nuevo récord de infecciones diarias, con 3.963 casos, derivado en parte del mayor número de test realizados entre la población: más de 30.000 en un día. El archipiélago, habitado por 267 millones de personas, registra la cifra más alta de fallecimientos por covid-19 del sureste asiático (8.965 muertes), superior a la de todos los países de la región combinados.
Así las cosas, Suyono esperó que la peculiar sanción, considerada un servicio comunitario –lo que forma parte de los castigos contemplados por incumplir la normativa anti-covid en esa región–, “genere un efecto disuasorio y prevenga más violaciones de las normativas”, según publica The Jakarta Post. Divididos en grupos de dos, mientras uno cavaba la tumba, otro era encargado de extender tablas de madera en el interior del nicho. “Urgimos a la gente a llevar mascarilla”, exhortó en paralelo el jefe de la policía local, Nur Amin.
No se trata de la única decisión heterodoxa tomada en Indonesia para asegurar que la población obedece las medidas impuestas. El subdirector de la policía nacional, el general Gatot Eddy Pramono, anunció recientemente un plan para incluir a “líderes comunitarios” y de “bandas locales” en las tareas de concienciación sobre los protocolos sanitarios. “No reclutamos a gánsters, les involucramos”, defendió Pramono el pasado lunes en el parlamento. Una iniciativa controvertida, pues dichas bandas, normalmente presentes en aparcamientos públicos o mercados para ofrecer seguridad a cambio de dinero, no son muy bien percibidas por la población.
Su asistencia, defendió Pramono, servirá para compensar el número limitado de policías y militares necesarios para disciplinar a la población sobre la necesidad de llevar mascarilla y respetar la distancia de seguridad. Además de estos grupos, el mando de la policía aseguró que también contarán con la ayuda de conductores de motocicletas de servicio público. “Utilizaremos todos los recursos disponibles. Si hacemos esto juntos, pararemos la transmisión del virus”, añadió Pramono, que es también subdirector del comité encargado de gestionar la pandemia en Indonesia.
Unas medidas como poco extraordinarias que buscan evitar más situaciones como la de la capital, Yakarta, que el pasado 14 de septiembre comenzó su segundo cierre parcial, de una duración prevista de dos meses. Menos estricto que el primero, decretado en abril, se impone cuando en solo diez días, del 1 al 11 de septiembre, la ciudad ha registrado cerca de 4.000 nuevos casos, que suponen el 25 por ciento del total contabilizado en los seis meses anteriores.
Información tomada de www.elpais.com

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