Hermosillo, Sonora.- Los casos de “Lady Croquis” en Veracruz y Niñerías MX en Cajeme abrieron una discusión sobre la responsabilidad de las familias, la prevención de riesgos para niñas y niños y la necesidad de garantizar que los establecimientos y las personas dedicadas al cuidado infantil cumplan con los requisitos legales y cuenten con la preparación necesaria para atender emergencias.
Durante una mesa de análisis en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, los analistas Carolina Burgos, Guillermo Aguirre y la doctora Mariel Montes, coincidieron en que el cuidado de menores requiere responsabilidad, prevención y una participación activa de madres y padres de familia.
También señalaron la importancia de evitar juicios anticipados, tanto contra docentes como contra personas que trabajan en el cuidado infantil, mientras las autoridades investigan los hechos.
En el caso de Niñerías MX, en Cajeme, una de las participantes destacó la necesidad de verificar que los negocios dedicados al cuidado de menores cuenten con permisos de uso de suelo, licencias de funcionamiento y las autorizaciones correspondientes de Protección Civil.
Señaló que quienes emprenden en este sector deben cumplir con las disposiciones aplicables, pues tienen bajo su responsabilidad la seguridad de niñas y niños.
“Si a nuestro cuidado van a estar vidas humanas, tesoros de familia y tú quieres tener un negocio, de verdad, ponte en regla”, expresó durante la conversación.
También se subrayó que cumplir con los trámites no es suficiente si no existe un compromiso real con la seguridad.
Los participantes consideraron que la atención infantil requiere personal preparado para responder ante situaciones de emergencia, así como instalaciones adecuadas y medidas preventivas para reducir los riesgos.
Uno de los puntos abordados fue la importancia de los cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).
Durante el análisis se planteó que las familias deben verificar quién imparte estas capacitaciones y qué certificaciones respaldan los conocimientos de quienes contratan para cuidar a sus hijos.
Asimismo, se mencionó la necesidad de revisar las medidas de seguridad en espacios con albercas para prevenir accidentes.
Los participantes reconocieron que los servicios de cuidado infantil son necesarios para muchas familias que trabajan y requieren apoyo con sus hijos.
Sin embargo, advirtieron que contratar a una persona o institución implica revisar sus antecedentes, preparación y condiciones de operación, además de mantener una comunicación constante sobre las medidas de protección que ofrece.
En la discusión también se abordó la responsabilidad de madres y padres en la prevención.
Una de las participantes señaló que existe poca asistencia a las actividades de orientación familiar y a los cursos preventivos, pese a que estos pueden proporcionar herramientas para identificar riesgos y actuar ante una emergencia.
Por ello, llamó a fortalecer la participación de las familias y evitar la idea de que los accidentes solo les ocurren a otras personas.
Respecto al caso de “Lady Croquis”, ocurrido en una escuela primaria de Veracruz, los analistas plantearon que las preocupaciones de las familias por la seguridad de sus hijos deben atenderse, pero que también es importante buscar explicaciones mediante el diálogo y los procedimientos escolares antes de realizar acusaciones públicas.
El caso involucró una actividad en la que un docente solicitó a sus alumnos elaborar un croquis del trayecto de su casa a la escuela, lo que provocó el reclamo de una madre de familia.
Durante la mesa se señaló que la preocupación por la seguridad infantil está relacionada con las situaciones de violencia y desapariciones que se han registrado en el país.
No obstante, se advirtió que las publicaciones en redes sociales pueden afectar la reputación de una persona cuando los señalamientos se difunden sin que se hayan esclarecido los hechos.
Los participantes también expusieron que algunos docentes sienten incertidumbre sobre cómo intervenir ante determinadas conductas de sus alumnos por temor a enfrentar reclamos o denuncias.
En ese sentido, consideraron necesario fortalecer la comunicación entre padres, maestros y directivos, además de respetar los procedimientos establecidos para atender cualquier inconformidad.
Finalmente, el análisis destacó que la protección de niñas y niños requiere una responsabilidad compartida entre las familias, las instituciones educativas, los negocios de cuidado infantil y las autoridades.
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La prevención, el cumplimiento de las normas, la capacitación y la comunicación pueden contribuir a reducir riesgos, mientras que la investigación de cada caso debe permitir esclarecer responsabilidades sin anticipar conclusiones.



