El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de utilizar las ganancias obtenidas del robo y contrabando de combustible, conocido como huachicol, para financiar campañas políticas e influir en procesos electorales en México, con el objetivo de favorecer a funcionarios dispuestos a colaborar con el crimen organizado.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el gobierno estadounidense anunció nuevas acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al CJNG, además de sancionar a presuntos operadores financieros del grupo criminal. El reporte señala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México colaboró en la documentación de los hechos.
“Los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno”, asegura en su comunicación el gobierno estadounidense.
“Esto facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y de otras actividades delictivas”, subraya.
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El análisis de la FinCEN sustenta estas acusaciones, aunque no identifica a políticos, campañas o partidos políticos específicos. El señalamiento ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a México la detención con fines de extradición de nueve políticos morenistas de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y una supuesta colusión en elecciones estatales.
Como parte de las sanciones, el Departamento del Tesoro informó que fueron castigados dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas relacionadas con el esquema de robo y contrabando de combustible atribuido al CJNG. Entre ellos se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y presunto responsable de las operaciones financieras del grupo criminal, a quien se le atribuye la creación de empresas fachada y la falsificación de documentos aduanales para mover combustible de manera ilegal. También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado a las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, señaladas por su presunta participación en el llamado huachicol fiscal.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Óscar Juraidini Silva también operaba al menos tres empresas transportistas y fungía como mediador entre grupos criminales en Tamaulipas. La dependencia señala que desempeñó un papel clave para mantener acuerdos entre las facciones Metros, con presencia en Reynosa, y Escorpiones, en Matamoros, ambas afines al Cártel del Golfo, mientras por esas ciudades se realizaba el contrabando de diésel y gasolina desde Estados Unidos.
