El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, cuenten con un ‘parole’ o permiso especial para ingresar a Estados Unidos, luego de reportes que señalaron la posible cancelación de sus visas por motivos de seguridad.
El diario solicitó de manera oficial al Department of Homeland Security información sobre si se había otorgado un ‘Significant Public Benefit Parole’ (Permiso Parole por Beneficio Público Significativo) y bajo qué condiciones. La dependencia respondió no solo que no se había concedido dicho permiso, sino que incluyó los nombres completos de ambos mandatarios, confirmando que la consulta se refería a ellos.
“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, indicó el DHS por correo electrónico a este diario.
El ‘parole’ es descrito como un “perdón a la deportación”, utilizado cuando una persona extranjera es considerada inadmisible, y es un término común en materia migratoria.
El DHS explicó que el Permiso Parole por Beneficio Público Significativo es una medida discrecional que permite la entrada o permanencia temporal en Estados Unidos sin visa, siempre que la presencia del extranjero represente un beneficio para el gobierno, el interés público o la seguridad nacional.
La dependencia detalló que solo tres oficinas pueden otorgar este tipo de permiso: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), todas pertenecientes al sistema migratorio estadounidense.
Para emitir su respuesta, el DHS revisó los registros de estas tres instancias para confirmar que ninguno de los dos gobernadores mexicanos cuenta con dicho permiso de ingreso.
El caso de Durazo y Villarreal generó polémica tras un reporte del diario Los Angeles Times, que afirmó que Estados Unidos habría retirado sus visas y, además, les habría otorgado un permiso especial de entrada relacionado con el ‘parole’.
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En entrevista, el periodista Steve Fisher señaló que una fuente le indicó que al menos Villarreal habría ingresado a Estados Unidos por un puerto oficial y habría sido escoltado por autoridades estadounidenses. Sin embargo, no se han detallado los motivos del encuentro ni si existe una investigación en curso.
“Ni siquiera digo que están reuniendo con autoridades de Estados Unidos”, dijo Fisher la semana pasada. “Lo que sí puedo decir es que el gobernador de Tamaulipas, a veces, cuando llega a la frontera, autoridades de Estados Unidos lo reciben ahí y lo escoltan a su destino. Pero tampoco estoy diciendo que él está cooperando con autoridades”.
Para aclarar la situación sobre las visas, el DHS canalizó las consultas al United States Department of State, instancia que ya había recibido una solicitud previa de información.
El Departamento de Estado respondió que la revisión de visas es un proceso continuo, incluso después de su aprobación, y que pueden ser retiradas si surgen alertas de seguridad.
“La verificación de antecedentes es un proceso continuo, y los solicitantes [de visas] son evaluados antes, durante y después de la resolución consular”, indicó un portavoz del Departamento de Estado. “Tras la emisión de una visa, si el Departamento tiene conocimiento de información nueva y potencialmente desfavorable, un funcionario consular la revisa para determinar si el solicitante sigue siendo elegible para la visa”.
Los casos de Durazo y Villarreal se suman al debate binacional sobre corrupción en México y posibles vínculos entre políticos y el crimen organizado. Ambos gobernadores han negado que sus visas hayan sido canceladas.
El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la presión hacia México en el combate a los cárteles de la droga, y ha presentado cargos contra 10 políticos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La Fiscalía mexicana ha rechazado detenerlo preventivamente, al considerar que no existe evidencia suficiente presentada por Estados Unidos.
En otro caso relacionado, el general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a autoridades estadounidenses y enfrenta un proceso en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. En su audiencia inicial se declaró “no culpable”, mientras el caso continúa en etapa preliminar.
Con información de La Opinión de Los Ángeles
