Francisco Garduño Yáñez, quien estaba al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando ocurrió el incendio que dejó 40 migrantes muertos en una estación de Ciudad Juárez en marzo de 2023, no acudió este martes a la audiencia en la que se revisaría si cumplió con las medidas impuestas para suspender el proceso penal en su contra.
La audiencia estaba programada por la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez. El excomisionado solicitó de último momento participar mediante videoconferencia, pero el juez rechazó la petición debido a la gravedad del caso, por lo que la diligencia tendrá que ser reagendada.
El objetivo de la audiencia era revisar el cumplimiento de las condiciones que Garduño debía atender después de que, en enero de 2025, un juez autorizara la suspensión del procedimiento penal durante 18 meses. Entre las medidas se encontraban el pago de indemnizaciones y la realización de una disculpa pública.
La disculpa se llevó a cabo en septiembre de 2025; sin embargo, familiares de las víctimas expresaron entonces su inconformidad con el acto. Apenas la semana pasada, familiares también denunciaron presuntas presiones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para cerrar el caso.
El incendio ocurrió el 27 de marzo de 2023, cuando 67 hombres permanecían encerrados en una estación migratoria. El fuego comenzó después de que algunos migrantes prendieran fuego a colchonetas durante una protesta por las condiciones en las que se encontraban.
La tragedia dejó 40 migrantes muertos y decenas de personas heridas. Investigaciones y testimonios de sobrevivientes han señalado que los migrantes permanecieron encerrados mientras el fuego se extendía por las instalaciones.
Por estos hechos fueron imputados seis funcionarios del INM, entre ellos Garduño. De acuerdo con la acusación, al entonces comisionado se le atribuyeron presuntas conductas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones de protección y seguridad de las personas bajo responsabilidad del instituto.
Sin embargo, Garduño recibió un tratamiento jurídico distinto al de otros funcionarios involucrados: fue acusado por ejercicio ilícito del servicio público, un delito de menor gravedad que las imputaciones formuladas contra otros implicados.
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Actualmente, Garduño se desempeña como director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública.
La nueva fecha de la audiencia deberá determinar cuándo se revisará formalmente si cumplió las condiciones establecidas para mantener suspendido el proceso penal en su contra.
