El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, con el propósito de que se investiguen posibles responsabilidades penales individuales derivadas de presuntos pactos entre actores políticos y grupos delictivos durante el sexenio 2018-2024.
De acuerdo con la querella, los hechos denunciados podrían constituir delitos de lesa humanidad, al considerar el impacto de la violencia registrada en el país, reflejada en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y la presencia de regiones bajo control de organizaciones criminales.
La denuncia sostiene que la crisis de inseguridad que enfrenta México no es resultado de hechos aislados, sino de una supuesta política sistemática de permisividad hacia el crimen organizado.
“La realidad que hoy vive México en materia de inseguridad no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano que permitió o incluso provocó el establecimiento e híper empoderamiento del Crimen Organizado en México”, señala el documento.
El PAN también argumenta que entre 2018 y 2024 se implementó una política de “cesión de soberanía frente al crimen organizado”, citando como ejemplo situaciones ocurridas en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.
A través de un comunicado, la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero Herrera afirmó que la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos” favoreció el crecimiento de las organizaciones criminales.
“El narcopacto conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”, expresó el partido.
Asimismo, el PAN señaló que los casos relacionados con los gobernadores Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal han incrementado las preocupaciones sobre una posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder político.
Lee también: Durazo fortalece vínculos con la Unión Europea y Sonora durante visita de embajadores al Puerto de Guaymas
“Por ello acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes”, concluyó la dirigencia panista.
