El Gobierno de Chihuahua acusó una persecución política tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, relacionado con el caso de los agentes estadounidenses que habrían operado en la entidad.
El Gobierno estatal confirmó este sábado 23 de mayo de 2026 que la FGR citó a comparecer a la mandataria. En un comunicado, calificó el hecho como una violación a la Constitución y a la soberanía del estado, al sostener que el marco legal protege a los gobernadores frente a procedimientos de carácter penal.
“La Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal”, se lee en el documento.
Asimismo, el Gobierno de Chihuahua afirmó: “La actuación de la Fiscalía General de la República es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua”.
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Tras recibir la notificación, la gobernadora estuvo acompañada por su equipo de trabajo y asesores legales, entre ellos el consejero jurídico José Carlos Rivera, el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda, el abogado Roberto Gil Zuarth, el secretario particular Fernando Álvarez Monje y Max Cortázar.
La mandataria estatal señaló que su equipo jurídico ya analiza el citatorio. “Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, declaró, al tiempo que defendió la estrategia de seguridad de su administración frente al crimen organizado.
Por su parte, el Gobierno de Chihuahua criticó lo que considera un trato diferenciado por parte de autoridades federales, al comparar el caso con otros actores políticos.
El comunicado señaló que se trata de un “evidente caso de persecución política, ordenado desde Palacio Nacional”, y contrastó la situación con la de otros funcionarios, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, así como legisladores y funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo.
Con información de López-Dóriga Digital.
