Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la solicitud de detención provisional contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, carece de elementos que justifiquen la medida, al no presentar evidencia suficiente sobre la comisión de un delito.
Raúl Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, sostuvo que la petición enviada por autoridades de Estados Unidos no incluye fundamentos que expliquen la urgencia de la detención.
“No existen pruebas que acrediten la comisión de un presunto delito”, afirmó durante un posicionamiento oficial.
El funcionario indicó que, hasta el momento, no hay información que permita sustentar la necesidad de ejecutar la medida cautelar solicitada por el gobierno estadounidense.
🚨“Lo que se planteó por autoridades estadounidenses no es la petición formal de extradición”, explica la FGR sobre la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros ciudadanos mexicanos.
— Azucena Uresti (@azucenau) May 1, 2026
El Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalías Especializada de… pic.twitter.com/KykTKiXMkV
Sobre la posibilidad de avanzar en un proceso de extradición, Jiménez señaló que la FGR se mantiene a la espera de recibir documentación adicional, informes y elementos probatorios que respalden la solicitud.
Explicó que, en caso de recibir nueva información, se realizará un segundo análisis para determinar si el procedimiento cumple con los requisitos establecidos en el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos.
Las declaraciones se dan en medio de la controversia generada por las solicitudes del gobierno estadounidense para la detención y eventual extradición de 10 funcionarios, entre ellos Rocha Moya, tras la apertura de una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de tráfico de drogas.
Jiménez detalló que el proceso de extradición contempla dos etapas: la detención provisional como medida cautelar y el procedimiento formal de extradición.
“Esta implica el desahogo de actos ante SRE, posteriormente ante el Poder Judicial para obtener una opinión de un juez, y esto desemboca en la emisión de un acuerdo de la cancillería para definir si se acepta o no la solicitud de extradición. Esa decisión puede ser objeto de un juicio de amparo y es imposible definir cuánto tarda un procedimiento así”, explicó.
El funcionario agregó que el desarrollo de este tipo de procesos depende de la revisión de los elementos presentados y del cumplimiento de los criterios legales aplicables.
