La acusación anunciada el pasado 29 de abril contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios forma parte del caso judicial abierto desde 2023 en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa e hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El 14 de abril de 2023, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció la revelación de cargos por tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero contra 28 acusados: 23 mexicanos, incluyendo “Los Chapitos”; cuatro personas originarias de China y una más en Guatemala.
Entre los acusados se encuentran presuntos líderes criminales que fueron detenidos y extraditados hacia Estados Unidos. Tal es el caso de Néstor Isidro Pérez Salas, o “El Nini”, acusado de dirigir la seguridad de una facción del cártel de Sinaloa y señalado como responsable del llamado “Culiacanazo”.
Poco después del arresto, Estados Unidos solicitó a México una pronta extradición de Néstor Isidro Pérez Salas, lo que se cumplió un año después, el sábado 25 de mayo de 2024.
El entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluso agradeció al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador por la extradición: “‘Es un buen día para la justicia“, dijo el demócrata antecesor de Donald Trump.
“El Nini” fue detenido el miércoles 22 de noviembre de 2023- 7 meses y 8 días después de la acusación formal hecha por EE.UU- por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Tras esto, en el Distrito Sur de Nueva York se presentó una nueva acusación formal en contra de “El Nini”, imputándole delitos en relación con una empresa criminal continuada; conspiración para importar y distribuir fentanilo, así como para lavar dinero; y obstrucción a la justicia por el secuestro y asesinato de un informante.
Las acusaciones que derivaron en la extradición de “El Nini”- las cuales se remontan hasta 2023- fueron aprobadas por un Gran Jurado, un grupo de ciudadanos convocado por un tribunal para investigar posibles actividades delictivas y determinar si hay pruebas suficientes para acusar formalmente a una persona, lo que se conoce como “causa probable”.
Bajo esta misma figura, el 29 de abril de 2026 se realizó la acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador y exsecretario general Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector policial, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán.
La acusación (indictment, en inglés) es un resumen de cargos, hechos y leyes presuntamente violadas por los imputados y establece una causa probable para iniciar un juicio. No incluye todas las evidencias que tenga el Departamento de Justicia. Éstas suelen permanecer privadas entre los abogados defensores y fiscalías, siendo exhibidas hasta el momento del juicio.
Así, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de los funcionarios sinaloenses, tal como confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado, en el cual también se revela que las 10 solicitudes formales de extradición fueron entregadas al gobierno de México el martes 28 de abril de 20026 a las 18 horas.
Un día después se hizo pública la acusación del Gran Jurado de Estados Unidos, lo que provocó respuestas de la SRE, Fiscalía General de la República (FGR) y el partido hegemónico, Morena, virtualmente alineadas.
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena manifestó su respaldo absoluto a la postura del Gobierno Federal. El partido oficialista calificó la petición como “preocupante” y carente de fundamentos, señalando que la publicación de la solicitud por parte de la embajada estadounidense vulnera el debido proceso y los principios de confidencialidad que rigen los tratados de cooperación.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que, si bien recibió las diez solicitudes formales, las autoridades estadounidenses no anexaron los elementos de prueba necesarios para sustentar la responsabilidad de los señalados, limitándose a turnar los expedientes a la FGR para su análisis.
En sintonía, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, aseguró que Estados Unidos no ha aportado evidencias contundentes para proceder con las detenciones. Lara López informó que la institución iniciará una investigación propia para verificar si existe sustento real tras los señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
A esto se añadieron los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante la conferencia matutina de este jueves 30 de abril expresó: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Ante esto, el analista político y académico Edgardo Buscaglia afirmó durante Aristegui en Vivo que la exigencia de pruebas por parte de autoridades mexicanas ante solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos “es un disparate jurídico”, al sostener que la evidencia se construye durante el proceso judicial y no como requisito previo.
Advirtió que la reacción institucional frente a acusaciones contra funcionarios mexicanos refleja la persistencia de un “pacto político de impunidad mafiosa”.
El especialista señaló que, conforme a estándares internacionales, lo que corresponde en estos casos es solicitar información o material potencialmente probatorio, no pruebas concluyentes. Explicó que, en al menos 90 casos de extradición analizados durante la actual administración, México concedió solicitudes con menor carga probatoria que la reportada en el caso reciente vinculado al gobernador de Sinaloa y su círculo.
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Por su parte, Alberto Islas Torres,CEO Global Leading Solutions, publicó un artículo en el que analiza el Tratado de Extradición México-Estados Unidos. En el texto, expresa:
“Las acusaciones realizadas en el Distrito Sur de Nueva York son serias y, en México, desconocen que estas pasaron por un proceso judicial en el que el fiscal debió haber pasado por varios filtros internos y contar con la aprobación de un juez antes de hacer pública la solicitud. La administración de Claudia Sheinbaum debe recordar que está descalificando el trabajo del Departamento de Justicia de los EE.UU., no el de la administración de Donald Trump. A su vez, solicitó una investigación judicial contra la CIA. El negar una detención provisional, provocaría una violación al tratado”.
