La crisis política en el estado de Chihuahua se profundizó tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), hecho que derivó en la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui Moreno, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del operativo.
El incidente ocurrió el 19 de abril de 2026, cuando los dos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos fallecieron en un accidente vehicular posterior a un operativo contra el narcotráfico en la sierra del estado. Desde entonces, el caso ha generado controversia por las versiones contradictorias sobre el papel que desempeñaban los agentes extranjeros.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, los ciudadanos estadounidenses no contaban con acreditación para realizar actividades operativas en territorio mexicano, lo que podría constituir una violación a la legislación nacional.
Se detalló que uno de ellos ingresó al país como visitante sin autorización para labores de seguridad, mientras que el otro portaba pasaporte diplomático, pero sin permiso para participar en operativos en campo.
Las inconsistencias en la información encendieron alertas en el ámbito político. El Senado de la República solicitó la comparecencia de autoridades estatales, incluida la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para esclarecer los hechos.
Legisladores advirtieron que el caso podría implicar violaciones a la Constitución y a la soberanía nacional, particularmente si se confirma la participación de agentes extranjeros sin conocimiento del gobierno federal.
En medio de la presión política, cuestionamientos públicos y crecientes tensiones, César Jáuregui, fiscal estatal de Chihuahua presentó su renuncia, convirtiéndose en uno de los primeros efectos directos del escándalo.
La salida ocurre mientras continúan las investigaciones tanto a nivel estatal como federal para deslindar responsabilidades.
El caso también escaló a nivel internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió explicaciones sobre la presencia de agentes extranjeros y reiteró que cualquier colaboración en materia de seguridad debe respetar la soberanía nacional.
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El gobierno mexicano sostuvo que no fue informado sobre la participación de los presuntos agentes en el operativo, lo que ha reavivado el debate sobre los límites y mecanismos de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.
