La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el congelamiento de cuentas bancarias en México sin necesidad de orden judicial, intervención del Ministerio Público ni solicitud de organismos internacionales, siempre que existan “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Con seis votos a favor y tres en contra, el pleno validó la reforma que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para incluir a personas en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) proceder al bloqueo de cuentas en casos nacionales.
La resolución se originó a partir de una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente desde 2022. La mayoría de los ministros consideró que el bloqueo de cuentas es un acto administrativo que puede ser impugnado, al garantizarse el derecho de audiencia.
En contraste, la ministra Yasmín Esquivel advirtió sobre los riesgos de otorgar facultades amplias sin reglas claras.
“Considero que debemos poner límites rigurosos para evitar los abusos de las autoridades… no debemos autorizarla para que tenga una facultad tan abierta sobre las personas cuentahabientes del país”, expresó.
Añadió que, aunque la medida puede ser útil en el combate a delitos financieros, “tampoco por virtud de una norma redactada en forma deficiente, podemos sacrificar el principio de seguridad jurídica bajo la idea de que el fin justifica los medios”.
En la misma postura, el ministro Giovanni Figueroa señaló que el bloqueo de cuentas tiene implicaciones penales. “Resulta evidente que la medida se relaciona de manera directa con la materia penal… no puede sostenerse que tenga una naturaleza meramente administrativa”, explicó.
Por su parte, quienes respaldaron la reforma defendieron la necesidad de actuar con rapidez frente a operaciones ilícitas. La consejera jurídica María Estela Ríos afirmó:
“Si concluimos que necesitamos de una autorización de alguna autoridad extranjera para proceder al bloqueo de cuentas, estaríamos sujetando nuestra soberanía a lo que decida un país extranjero”.
Agregó que estas acciones buscan frenar el movimiento inmediato de recursos ilícitos. “Pensemos en los que mandan su dinero a las Islas Caimán o a Suiza… con el fin de lavar el dinero”, comentó.
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El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que el contexto actual exige medidas más ágiles.
“Hoy basta oprimir una tecla para que ocurran las operaciones financieras… frente a ese escenario es que se prevé esta situación”, señaló.
Asimismo, aclaró que la medida no afectará a todos los usuarios del sistema financiero. “No es que todos vayamos a ser afectados con esta medida, sino quienes hagan operaciones inusuales”, concluyó.
Con información de Milenio
