La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que propone llevar la situación de México ante la Asamblea General, al considerar que sus conclusiones no reflejan la realidad actual del país.
En un posicionamiento oficial, el organismo señaló que difiere del análisis del comité, el cual advierte indicios de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en el territorio nacional.
La CNDH sostuvo que este delito “ha dejado de ser una política de Estado”, en contraste con lo ocurrido en periodos como la Guerra Sucia y durante la estrategia de seguridad implementada en los años de la llamada guerra contra el narcotráfico. De acuerdo con la Comisión, los casos vinculados a autoridades federales han disminuido desde 2018 “hasta prácticamente desaparecer”.
El organismo también cuestionó las bases del informe, al señalar que el comité sustentó su decisión en información promovida por organizaciones civiles, a las que acusó de presentar una visión sesgada del fenómeno. Asimismo, consideró que el procedimiento internacional debió activarse únicamente después de agotar las instancias nacionales.
En su análisis, la Comisión indicó que el informe carece de un enfoque histórico adecuado, al no distinguir entre los periodos donde se concentraron la mayoría de las desapariciones y la situación actual del país, además de señalar contradicciones en el diagnóstico del organismo internacional.
Por su parte, el comité de la ONU solicitó recientemente que la Asamblea General de las Naciones Unidas analice la situación en México, en un mecanismo considerado excepcional que se activa cuando se identifican elementos de una problemática grave o persistente.
De acuerdo con cifras oficiales, en México se han registrado más de 130 mil personas desaparecidas desde 2006, en un contexto que diversas organizaciones han calificado como una crisis de derechos humanos.
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Mientras la CNDH y el gobierno federal han rechazado el informe por considerarlo incompleto, organizaciones como el Centro Prodh han respaldado la postura del organismo internacional, al señalar que refleja la gravedad del problema y la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado ante las familias de personas desaparecidas.
