Un comentario de la ministra María Estela Ríos González durante la discusión de un asunto en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó reacciones y críticas, luego de que sugiriera que las personas nacidas mediante reproducción asistida podrían no ser consideradas parte de una familia.
La declaración ocurrió durante el análisis de un proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, relacionado con reformas legales en el estado de Chihuahua sobre la atención a mujeres víctimas de violencia de género.
El proyecto planteaba invalidar modificaciones aprobadas por el Congreso local en 2021, mediante las cuales la Fiscalía Especializada para atender a mujeres víctimas de violencia amplió su competencia para atender también casos relacionados con la familia, además de otorgarle ciertas facultades sobre los Centros de Justicia para las Mujeres.
El ministro ponente argumentó que dicha ampliación podía representar un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres, al diluir el enfoque especializado de la Fiscalía.
“Si bien las demás personas que son parte de la familia tienen derecho a ser atendidas por personal calificado, es importante que se cuente con una Fiscalía que solo atienda a mujeres víctimas de violencia”, señala el proyecto.
Debate en el pleno
Durante la sesión, la ministra Ríos González manifestó su desacuerdo con la propuesta al considerar que integrar la atención a la violencia familiar puede fortalecer la protección a las mujeres, debido a que muchas agresiones ocurren dentro del ámbito doméstico.
“Niños, niñas y adolescentes son víctimas colaterales frecuentes de la violencia de pareja, por lo que un diseño integrado que permita medidas simultáneas materializa el interés superior de la niñez”, expresó en el pleno.
También subrayó que, aunque existen hombres víctimas de violencia, la mayoría de los casos se registran contra mujeres.
“Puedo reconocer que hay hombres víctimas de violencia, pero la mayor proporción se da en contra de las mujeres”, añadió.
Sin embargo, durante su intervención, la ministra provocó polémica al hacer referencia a las personas concebidas mediante técnicas de reproducción asistida.
“Salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”, comentó.
En su posicionamiento, insistió en que la violencia contra las mujeres no solo se manifiesta en espacios públicos o laborales, sino también dentro del entorno familiar.
“La agresión no se sufre solo en el trabajo o el trayecto o en función de su situación de vulnerabilidad individual, sino que también puede darse y se da dentro de la familia”, afirmó.
Finalmente, el proyecto no alcanzó la mayoría calificada necesaria para invalidar las normas. Solo fue respaldado por el propio ministro ponente Arístides Guerrero García, el presidente de la Corte Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Como resultado, las disposiciones impugnadas permanecerán vigentes, por lo que la Fiscalía Especializada en Chihuahua seguirá teniendo facultades para atender asuntos relacionados con la familia.
Críticas de especialistas
Tras difundirse el comentario de la ministra, abogadas y analistas jurídicas cuestionaron sus declaraciones en redes sociales.
La abogada y columnista Leslie Jiménez señaló que, más allá de la reacción generada en internet, la expresión resulta “gravísima”, al considerar que estigmatiza los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.
Por su parte, la también jurista Melissa Ayala recordó que el acceso a técnicas de reproducción asistida es un derecho reconocido por la Constitución y tratados internacionales, además de contar con una línea jurisprudencial consolidada del propio tribunal.
Ayala calificó los dichos de la ministra como “abiertamente discriminatorios para todos los bebés que han sido concebidos mediante el uso de técnicas de reproducción asistida” y expresó su expectativa de que la funcionaria emita una disculpa pública.
Con información de El Universal
