Hermosillo, Sonora.- En menos de un mes, tres escuelas de la ciudad activaron protocolos de seguridad tras detectar mensajes con amenazas que resultaron ser falsas.
El 11 de febrero, en el Liceo San Agustín, fue hallado en un baño un escrito que advertía: “Más les vale cancelar las clases el día miércoles, habrá masacre”.
La Policía Estatal acudió al plantel, realizó vigilancia preventiva y, tras un operativo coordinado, se confirmó que no existía riesgo.
Días después, en el Colegio Larrea, una nota en los baños de secundaria provocó movilización de corporaciones.
La investigación interna determinó que se trató de un acto de indisciplina de un alumno que buscaba evitar clases. Se dio aviso a las autoridades y se abrió una carpeta de investigación.
El caso más reciente ocurrió el 3 de marzo en la Secundaria Técnica Número 74 ‘Prof. Roberto Topete García‘, donde un mensaje advertía sobre una supuesta bomba si no se suspendían exámenes.
Tras la revisión policial y un operativo mochila, se descartó cualquier peligro y las actividades continuaron con normalidad.
En los tres casos, las amenazas fueron confirmadas como bromas, aunque generaron movilización policiaca y aplicación de medidas preventivas.
Opina Marco Paz
Luego de esta última situación ocurrida en el plantel de la colonia Puerta Real, Marco Paz, consejero de los Comités Ciudadanos de Sonora y Hermosillo, señaló que este tipo de acciones generan temor en la comunidad y afectan directamente la capacidad operativa de las autoridades.
Explicó que cada llamada al 911 activa protocolos formales de seguridad que implican movilización inmediata de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia, independientemente de que posteriormente se confirme que se trató de una falsa alarma.
“Es muy reprobable este tipo de asuntos, porque hemos construido con mucho esfuerzo de los ciudadanos y con el trabajo de las instituciones públicas toda una infraestructura de seguridad y justicia”, señaló Paz Pellat.
El consejero subrayó que estas movilizaciones representan un costo económico y operativo para el Estado, además de generar tanto incertidumbre como alteración emocional entre estudiantes, docentes y padres de familia.
En relación con los casos donde presuntamente alumnos han estado involucrados en este tipo de amenazas, indicó que las instituciones educativas deben reforzar la sensibilización sobre las consecuencias legales de estas conductas, así como la responsabilidad en el uso de líneas de emergencia.
“Quien la hace la va a pagar, y no son penas menores. Algunas significan hasta cárcel, no solamente amonestaciones o multas”.
Finalmente, destacó que si bien no se trata de una problemática generalizada, sí es necesario actuar con firmeza y coordinación entre autoridades, escuelas y familias para evitar que este tipo de incidentes se repitan.
Hablan los ciudadanos
Ante la pregunta hecha por Proyecto Puente acerca de las sanciones que proponen para sancionar estas conductas, usuarios de las comunidades en Facebook, Instagram y TikTok respondieron lo siguiente.
“Que los pongan a hacer servicio comunitario para que se les quite lo chistoso o que los multen”, “aquí el problema no son los hijos, sino quienes los están educando”, “que los pongan a barrer las calles, servicios comunitarios a ver si les gusta la broma”, “A mí me parecería muy bien que los encierren y los multen por chistosos, son así porque nadie les dice nada”, manifestaron seguidores de Facebook.
En el caso de Instagram, usuarios sugirieron la expulsión, cobrar a los padres y/o estudiantes los costos de movilizar cuerpos de rescate y servicio comunitario como sanción.
“Quisiera saber qué consecuencias hubo en las casas de esos estudiantes después de eso. Desgraciadamente, muchas veces el problema está desde casa, donde no se ponen límites”, añadió otra seguidora.
Finalmente, en TikTok, los usuarios también coincidieron en que el servicio social y las multas son una buena manera de que los jóvenes aprendan a tomar responsabilidad por sus actos.
“Mientras no haya repercusiones, todo seguirá igual”, concluyó.
