WASHINGTON- La política migratoria de Donald Trump vuelve a encender el choque entre la Casa Blanca y los estados gobernados por demócratas. Esta vez, el eje del conflicto es claro: el presidente quiere apoyarse en miles de policías y alguaciles locales para acelerar deportaciones. Pero en varias partes del país ya empezaron a decirle que no.
Durante casi dos décadas, en la cárcel del condado de Frederick, en Maryland, había una rutina que pocos cuestionaban. A cada detenido le hacían dos preguntas básicas: ¿De qué país es ciudadano? ¿Dónde nació? Si la respuesta no era Estados Unidos, los oficiales, que contaban con facultades federales especiales, iniciaban una revisión de su estatus migratorio.
El resultado fue contundente. Desde 2008, el condado entregó a 1,884 personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según cifras del sheriff Charles Jenkins. Todo bajo el paraguas de los llamados acuerdos 287(g), que permiten a autoridades locales actuar como extensiones del ICE.
Ese esquema, al menos en Maryland, se terminó. El gobernador demócrata Wes Moore firmó esta semana una ley que prohíbe ese tipo de convenios entre autoridades locales y el gobierno federal. En términos prácticos, significa que policías y alguaciles del estado ya no podrán asumir funciones migratorias federales.
La decisión no es aislada. Refleja un pulso político cada vez más evidente frente a la estrategia migratoria de Trump, que ha colocado las deportaciones masivas como pieza central de su agenda. Hoy, 10 estados, todos con gobiernos demócratas, cuentan con políticas que impiden a sus fuerzas de seguridad participar en uno de los principales mecanismos que el presidente utiliza para reforzar las expulsiones.
En Nuevo México, una ley similar fue aprobada este mes. En Maine, la prohibición entró en vigor el mes pasado. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respalda una iniciativa en la misma línea, mientras que en Virginia, Abigail Spanberger anuló acuerdos estatales firmados por su antecesor republicano, aunque dejó intactos los convenios ya establecidos por alguaciles locales.
Para la administración Trump, ampliar la red de cooperación es una cuestión práctica: el gobierno federal no tiene suficientes agentes para ejecutar operativos masivos sin apoyo local. Para sus críticos, en cambio, estos acuerdos convierten a la policía en brazo migratorio y deterioran la confianza de las comunidades inmigrantes, que temen denunciar delitos por miedo a ser deportadas.
Lo que está en juego va más allá de un debate técnico. Es una batalla política y legal que impacta directamente a millones de migrantes, incluidos miles de mexicanos, que viven y trabajan en Estados Unidos, y que observan cómo su situación puede cambiar dependiendo del estado en el que residan.
