WASHINGTON – La disputa por cómo contar la historia de Estados Unidos sumó este martes un nuevo capítulo. La administración de Donald Trump presentó una apelación contra el fallo de una jueza federal que ordenó reinstalar 34 paneles educativos sobre la esclavitud en la Casa Presidencial de Filadelfia, un sitio histórico administrado por el Servicio de Parques Nacionales.
El fallo, emitido por la jueza de distrito Cynthia Rufe, llegó después de que la ciudad de Filadelfia demandara al gobierno federal por retirar los paneles sin previo aviso. En su resolución, Rufe fue contundente: calificó la decisión como una maniobra “orwelliana” y sostuvo que el gobierno no puede “disimular ni desmantelar verdades históricas” simplemente porque tenga control sobre el espacio donde se narran esos hechos.
Los paneles retirados explicaban que en la residencia que ocupó George Washington, hoy habilitada como un sitio histórico, vivieron personas esclavizadas mientras él ejercía la presidencia. La controversia no es menor: Washington es uno de los padres fundadores del país y su figura suele presentarse bajo una luz heroica. Sin embargo, los historiadores han documentado ampliamente su relación con la esclavitud.
En su orden, la jueza fue más allá de exigir la restauración del material. También prohibió cualquier “adición, retirada, destrucción o cambio de cualquier tipo” en el sitio de la Casa Presidencial, salvo que exista un acuerdo mutuo por escrito entre el gobierno federal y la ciudad de Filadelfia. En otras palabras, congeló cualquier intento unilateral de modificar la narrativa histórica del lugar.
La decisión judicial choca directamente con una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo de 2025. En ese documento, el presidente estableció que los monumentos y memoriales públicos no deben incluir descripciones o representaciones que “menosprecien inapropiadamente a los estadounidenses del pasado o actuales”, incluidas figuras de la época colonial. En su lugar, instruyó que se enfoquen en “la grandeza de los logros y el progreso del pueblo estadounidense”.
Para sus críticos, esta directriz abre la puerta a suavizar o borrar episodios incómodos de la historia, especialmente los relacionados con la esclavitud y el racismo. Para sus aliados, en cambio, se trata de evitar lo que consideran una narrativa que empaña la imagen de los fundadores del país.
El caso ahora pasará a una instancia superior, donde se decidirá si la orden de la jueza se mantiene o se revierte. Más allá del desenlace legal, el fondo del conflicto es claro: la batalla por la memoria histórica en Estados Unidos sigue siendo tan intensa como política.
En Filadelfia, la pregunta es similar: ¿quién decide qué parte de la historia se cuenta y cómo se cuenta?
