Un tribunal japonés impuso cadena perpetua al exmilitar Tetsuya Yamagami por el asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe, ocurrido durante un acto de campaña en julio de 2022 en la ciudad de Nara. La resolución fue emitida este miércoles por el Tribunal de Distrito de Nara, que respaldó la solicitud de la Fiscalía japonesa.
De acuerdo con el fallo, el ataque fue considerado un “crimen sin precedentes en la historia del país desde la posguerra”, como lo calificó el Ministerio Público, según informó la agencia Kiodo. La sentencia representa un revés para la defensa del acusado, de 45 años, que había pedido una pena máxima de 20 años de prisión.
Durante el proceso, la defensa argumentó que Yamagami actuó motivado por los daños económicos que su familia sufrió a raíz de su relación con la Iglesia de la Unificación, organización a la que —según el acusado— estaba vinculado Abe. Señaló que su madre debía una elevada suma de dinero a dicha institución religiosa.
Yamagami, quien ya había sido declarado culpable en octubre, sostuvo que los problemas financieros derivados de esos lazos familiares lo llevaron a cometer el crimen contra Abe, a quien consideraba “afín” al grupo religioso, también conocido como secta Moon.
En esa línea, su equipo legal insistió en que el acusado merece una “segunda oportunidad” para “cambiar y contribuir a la sociedad con su propia experiencia”, en referencia al “sufrimiento” provocado por la relación de su familia con la iglesia.

El juicio inició a finales de octubre de 2025, cuando Yamagami admitió los cargos, entre ellos asesinato y tenencia de armas. La acusación estableció que Abe fue ultimado con un arma de fabricación artesanal.
Al dictar sentencia, la corte subrayó que “haber disparado con maldad en una zona en la que había una gran aglomeración de gente es suficientemente grave”.
Aunque Yamagami reiteró que Abe, de 67 años al momento del ataque, “se encontraba en el centro de la parte política de la Iglesia de la Unificación” y era una figura “influyente” para la secta, los jueces calificaron el ataque como “cruel y maligno”.
Tras conocerse el veredicto, Akie Abe, viuda del ex primer ministro, expresó su deseo de que el acusado “haga frente a sus actos” y “cumpla su pena por un crimen que se llevó la vida” de su esposo. “Era un miembro de la familia irreemplazable”, lamentó.
El juicio, abierto al público, provocó aglomeraciones en las inmediaciones de los juzgados de Nara, aunque solo una treintena de asientos estuvo disponible para personas ajenas al caso.
El asesinato sacudió a Japón y derivó en medidas judiciales y legislativas, entre ellas la orden de disolución de la organización y la aprobación de una ley para regular la recaudación de fondos de grupos religiosos y entidades privadas.
A raíz del caso, aumentaron las denuncias contra la Iglesia de la Unificación en el país, donde críticos acusan a sus integrantes de estafas y de abusar de los seguidores para obtener dinero.
Con información de Europa Press


