Tras una sesión maratónica de 24 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la expedición de una nueva Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
La discusión comenzó ayer a las 14:30 horas y concluyó este jueves a las 14:10 horas. De inmediato, la minuta fue enviada al Senado, donde se prevé que sea discutida en fast track por la mayoría oficialista.
Durante el debate en lo particular, iniciado a las 20:20 horas del miércoles, se presentaron más de 500 reservas. Finalmente, el dictamen fue avalado con 324 votos a favor de Morena, PT y PVEM; 118 en contra y dos abstenciones del PRI, PAN y MC.
Se aprobó un paquete de 18 reservas presentadas por las bancadas oficialistas, las cuales aseguraron que “atiende las inquietudes del sector agrícola”, aunque legisladores de oposición cuestionaron que “ninguna de ellas solucionan lo que dicen solucionar”.
Entre las modificaciones más destacadas se incluye el cambio al artículo 22, que establece que los derechos amparados en concesiones y asignaciones “no serán sujetos de transmisión”.
Se añadió un párrafo que detalla que los derechos preferentes derivados de transmisiones de propiedad, fusiones, escisiones y derechos sucesorios se reasignarán conforme al artículo 37 Bis, el cual obliga a la Autoridad del Agua a resolver estos procedimientos en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
También se ajustó el artículo 24 para permitir que las concesiones o asignaciones sean prorrogadas por igual periodo, siempre que la solicitud se presente entre tres años y seis meses antes de su vencimiento.
El artículo 49 fue modificado para incluir que, además de los usos agrícola y pecuario, tampoco habrá cambio de uso cuando se trate de actividades acuícolas en tierras vinculadas a títulos de concesión.
El artículo 123 Bis 3 fijó penas de tres a cinco meses de prisión cuando el volumen de agua nacional trasladado con fines de lucro sea menor o igual a 50 mil litros, y de seis a ocho meses cuando sea mayor.
Asimismo, el artículo 123 Bis 5 estableció sanciones de dos a 14 años de prisión a funcionarios que otorguen concesiones o permisos a cambio de beneficios personales, incrementando la penalidad respecto a la propuesta original.
En el quinto transitorio se precisó que, durante el programa de regularización de la Conagua, deberá evitarse cualquier práctica de acaparamiento de agua.
Además, se añadió un séptimo transitorio para exigir una “gestión hídrica responsable” durante la implementación de la nueva ley.
Durante la discusión, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que “ninguna de las reservas que se aprobaron solucionan lo que dicen solucionar” y denunció que no hubo consulta a pueblos originarios.
“Muestren la consulta a los pueblos originarios, muéstrenla, hagan algo, traidores a la patria”, exigió.
En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció: “Nunca dije que habían sido consultadas las comunidades para esta Ley”, pero defendió que la iniciativa atiende al sector agrícola.
“Nunca hemos puesto en riesgo la concesión de los productores de México”, señaló entre gritos de “traidores” dirigidos por diputados guindas hacia la bancada del PRI.
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La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena), afirmó que la reforma refuerza el control del Estado sobre los recursos hídricos y previene el acaparamiento y la corrupción en su manejo.
