Una conversación privada en WhatsApp podría convertirse en motivo de sanción electoral en México, luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara revisar un caso en Sinaloa donde una ciudadana fue denunciada por presunta violencia política en razón de género a partir de mensajes enviados en un chat privado.
La analista Karla Estrella explicó que el caso se originó cuando una mujer, quien en ese momento era ciudadana, sostuvo una conversación privada con una persona de confianza en la que expresó críticas hacia una candidata a diputada en su estado. Sin embargo, el interlocutor compartió capturas de pantalla de los mensajes con la propia candidata, quien posteriormente presentó una denuncia.
Inicialmente, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que no podía intervenir al tratarse de una conversación privada entre dos personas. No obstante, la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Regional, ordenó revisar la resolución al considerar que sí podría configurarse violencia política de género.
De acuerdo con Estrella, el caso resulta preocupante porque se trata de comentarios que no fueron publicados en redes sociales ni difundidos públicamente, sino expresados en un diálogo privado entre dos personas.
“Era una conversación entre dos personas donde ni siquiera estaba presente la persona de la que hablaban. Básicamente era un comentario en privado que alguien decidió compartir”, señaló.
La analista advirtió que este tipo de resoluciones podrían sentar un precedente delicado, al abrir la posibilidad de que conversaciones privadas sean utilizadas como prueba en procesos electorales.
Además, cuestionó que en el caso no se haya demostrado cómo esos mensajes afectaron los derechos políticos de la candidata denunciada, quien incluso ganó la elección.
“El tribunal no explicó qué efecto tuvo esa conversación privada en el proceso electoral, ni cómo pudo haber afectado sus derechos”, señaló.
Para Estrella, la situación refleja un riesgo para la privacidad y para el derecho a opinar en espacios privados, pues mensajes enviados en confianza podrían terminar siendo utilizados en procesos legales.
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