Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo declaró como reservadas, por cinco años, las licencias de uso de suelo de todas las tiendas Waldo’s en la ciudad, incluida la sucursal del Centro donde ocurrió la tragedia del 1 de noviembre.
Así lo reveló el investigador y colaborador de Proyecto Puente, Jesús Ibarra, quien obtuvo los documentos mediante solicitudes de transparencia.
Ibarra explicó que la reserva se emitió el pasado 20 de noviembre, fecha en la que se clasificó como confidencial la licencia de la tienda siniestrada —identificada como Sidue ACR3658/2022— bajo el argumento de que su difusión podría afectar procesos de investigación.
Antes de que el municipio restringiera el acceso, se logró recopilar parte de las licencias disponibles en obligaciones de transparencia.
Según dijo, los inmuebles no pertenecen directamente a Waldo’s, sino a bancos y empresas inmobiliarias; en el caso del local incendiado, la propiedad podría ser de una empresaria hermosillense vinculada a la administración estatal anterior, dato aún en proceso de confirmación.
El periodista también presentó dictámenes de Protección Civil Estatal que muestran que la tienda del Centro operó durante casi cuatro años sin subsanar 14 observaciones de seguridad, entre ellas la falta de seguro contra daños a terceros, extintores sin vigencia, ausencia de un dictamen de cumplimiento de la norma oficial mexicana, planos incompletos y un programa interno firmado por una persona sin facultades legales.
La revisión que derivó en estas observaciones se realizó el 1 de noviembre de 2021, al inicio de la actual administración estatal. El dictamen final se emitió el 31 de marzo de 2022, firmado por Juan Manuel González Alvarado, entonces titular de Protección Civil Estatal y hoy delegado de SADER en Sonora.
Según Ibarra, la ley facultaba a González Alvarado para ordenar la clausura del establecimiento, pero la tienda continuó operando pese a las fallas no corregidas.
“Con 14 observaciones no subsanadas, la tienda siguió operando casi cuatro años”, señaló el colaborador.
Ibarra agregó que buscó la postura del Ayuntamiento sobre la reserva de licencias, así como del funcionario municipal que firmó el acta, Ernesto Ruiz Carreón, pero no obtuvo respuesta. Indicó que la instrucción institucional es no emitir declaraciones mientras avanza la investigación.
También recordó que la Fiscalía mencionó recientemente documentación presuntamente apócrifa relacionada con el caso, lo que refuerza la necesidad de aclarar cuántos dictámenes pudieron haber sido firmados por personas sin atribuciones legales.
