El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, derivado del fallido intento de golpe de Estado que encabezó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que Castillo no consumó el delito de rebelión, pues sus acciones no llegaron a ejecutarse. Por ello, la Fiscalía modificó su solicitud inicial de 34 años de cárcel y la ajustó a la pena finalmente impuesta por el tribunal.
El día de los hechos, Castillo anunció en un mensaje a la nación la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y el establecimiento de un gobierno de excepción mediante decretos, en medio de una nueva moción legislativa para destituirlo por presuntos casos de corrupción que lo involucraban.

Sin embargo, su intento no tuvo efecto: fue detenido minutos después, tras abandonar Palacio de Gobierno y dirigirse aparentemente a la Embajada de México, donde su familia recibió asilo.
El tribunal absolvió al exmandatario de los delitos de abuso de autoridad y perturbación del orden público, pero lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante dos años y le ordenó pagar una indemnización de 3.5 millones de dólares, de manera solidaria con sus coacusados.
La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días fue impuesta a la exprimera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima.
La Corte ordenó una nueva búsqueda y captura en su contra. El exministro del Interior Willy Huerta también recibió la misma sentencia, aunque quedará suspendida si apela y cumple medidas de conducta.
En tanto, el exprimer ministro y exasesor de Castillo, Aníbal Torres, fue condenado a seis años y ocho meses, pero la pena no será ejecutada debido a razones humanitarias, dada su edad de 82 años.
Los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos.
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El fallo se dio a conocer a pocos días de que venciera el periodo de tres años de prisión preventiva dictado contra Castillo, tiempo que se cumplía desde su detención el mismo 7 de diciembre de 2022. Sin la sentencia, el exmandatario habría recuperado su libertad.
Con información de EFE




