Recientemente el Gobierno Federal anunció la construcción de seis centros de datos (data centers) en el estado de Querétaro, para lo cual la empresa norteamericana CloudHQ -presentada como una de las líderes en el sector a nivel mundial- invertirá 4 mil 800 millones de dólares, generando más de 7 mil empleos para la construcción de los centros, y representando 900 empleos permanentes.
Durante el anuncio formal del proyecto en la conferencia matutina presidencial, se explicó que estos data centers estarán enfocados en ser un megacampus para inteligencia artificial; lo cual constituye que, entre sus funciones, estará el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), que son los que se encargan de soportar los prototipos de IA generativa (como ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.).
Además, se dijo que estos centros tendrán capacidad para realizar operaciones de inferencia; es decir, a través de ellos se podrán generar respuestas y contenidos en tiempo real a las peticiones (prompts) de usuarios de estos modelos de IA, que, cabe mencionar, cada vez están teniendo una mayor relevancia y se están abriendo un mayor paso en la vida cotidiana de las personas, en el marco de sus actividades personales y profesionales.
No se especificó cuáles empresas de investigación y desarrollo de modelos de IA generativa (como OpenAI, creadora de ChatGPT) son las que tienen acuerdos comerciales con CloudHQ; sin embargo, estos data centers tendrían la capacidad dar servicio a este tipo de inquilinos tecnológicos que desarrollan productos de inteligencia artificial y los ponen en el mercado.
Para México, la habilitación de estos centros de datos representa la oportunidad de impulsar su incorporación a la economía digital que actualmente está liderando el mercado global, lo cual es de destacar. Además, permitirían garantizar un mejor acceso a servicios digitales y soportar operaciones de IA más eficientes para los usuarios y empresas mexicanas.
No obstante, este anuncio oficial también plantea una serie de retos que salen a la luz, y que tienen que ver con el estadio actual que presenta esta tecnología transformadora en el país: México aún no cuenta con un marco legal único y consolidado para regular la inteligencia artificial.
Este aspecto resulta fundamental para el país si se busca un desarrollo integral de esta tecnología, tal como se está concibiendo como parte del anuncio oficial en cuestión. Así pues, México carece de una estrategia nacional de IA (como ya existen en otras regiones del mundo), aspecto que se constituye como elemental en la búsqueda del impulso de este fenómeno tecnológico que está cambiando al mundo de manera acelerada.
Según Global Policy Watch (2025), del año 2020 a la fecha, en el Congreso mexicano se han presentado decenas de iniciativas y proyectos de ley relacionadas a la inteligencia artificial; sin embargo, la respuesta legislativa ha sido fragmentada, lo cual ha derivado en un vacío estratégico sectorial, en una falta de claridad en el tema, y en la carencia de un presupuesto nacional uniforme que impulse el desarrollo integral de esta tecnología.
Lo anterior se traduce en una serie de vacíos en aspectos que resultan críticos en el marco de este fenómeno: transparencia, responsabilidad, ética, seguridad, protección de datos aplicada a sistemas de IA, entre otros, lo que ha orillado a empresas, instituciones y dependencias a actuar bajo sus propias reglas o bajo marcos regulatorios parciales.
Esto deja a México en una posición vulnerable frente a este fenómeno. Los propios organismos internacionales como la OCDE y la UNESCO han insistido a los Estados sobre la necesaria gestión de la gama de riesgos que representa la inteligencia artificial, instando a buscar la viabilidad para su incorporación responsable en los distintos ámbitos de la vida pública.
Como uno de los primeros pasos importantes en México -en cuanto a infraestructura de este tipo-, el anuncio de estos data centers en Querétaro arroja luz al Estado mexicano como gestor obligado del desarrollo regional, mediante la ciencia puesta a disposición de las acciones políticas y para la planificación con base en recursos tecnológicos y de innovación.
Sin embargo, el dejar pasar más tiempo sin la conformación de una regulación integral de la IA que constituya aspectos legislativos y presupuestarios en el marco de una estrategia nacional, sin duda, mantendrá al país en una carencia estructural, en este este vacío tecnológico que se traduce en un riesgo de mayor atraso e incapacidad para generar sus propias competencias en el campo de este fenómeno tecnológico.
Abraham Espinoza: Doctorante en Desarrollo Regional bajo la línea de investigación de Inteligencia Artificial y Educación. Comunicólogo. Autor de un libro de crónica. Ha ejercido el periodismo, la produc4ción televisiva, la docencia, y la comunicación política para diferentes niveles de gobierno
