El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con una votación dividida de seis contra cinco, sancionar con multas por un total de 6.3 millones de pesos a 177 candidaturas ganadoras que aparecieron en acordeones físicos y digitales durante la elección judicial del pasado 1 de junio, tanto a nivel federal como local.
Las sanciones incluyen a toda la integración de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral, algunas Salas Regionales, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
Además, se avaló imponer una amonestación pública a las candidaturas que, aunque también aparecieron en los acordeones, no resultaron electas.
En este caso, se rechazó aplicarles una multa equivalente al 5 por ciento del tope de gastos de campaña.
Para calcular las sanciones de los cargos ganadores, se consideró el 10 por ciento del tope de gastos de cada elección, junto con un análisis de la capacidad económica de cada persona; por ello, las multas varían incluso entre candidaturas de un mismo cargo.
En caso de que una persona acumule varias sanciones y supere su capacidad económica, podrá cubrirlas por separado en plazos definidos por la Unidad Técnica de Fiscalización; si no se pagan, los adeudos serán transferidos al SAT para su cobro.
En el caso de la Suprema Corte, todos los integrantes recibirán doble sanción por aparecer tanto en acordeones físicos como digitales.
Las multas más altas corresponden a Loretta Ortiz, con 255 mil 017 pesos; Yasmín Esquivel, con 190 mil 980 pesos; Irene Herrerías, con 138 mil 030 pesos, y María Estela Ríos, con 125 mil 811 pesos.
Les siguen Giovanni Figueroa (94 mil 358), Lenia Batres (89 mil 380) y Arístides Guerrero (80 mil 555).
Las más bajas son para Hugo Aguilar, próximo presidente de la Corte, con 79 mil 424 pesos, e Irving Espinosa Betanzo, con 79 mil 198.
Durante la sesión, la consejera presidenta Guadalupe Taddei se pronunció en contra del proyecto, al considerar que las multas carecen de sustento legal y anticipó que podrían ser revocadas por el Tribunal Electoral.
“Pero la ilegalidad encontrada o manifiesta en nuestras voces o por otras voces no nos debe de llevar a este Instituto a intentar salir adelante con otra ilegalidad. Es decir, no hay un asidero jurídico que permite establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña”, sostuvo.
Taddei también señaló que el monto de las sanciones podría prestarse a descalificaciones contra el INE.
“Dirán que es un juego o una burla la imposición de estas multas tan pequeñas, pero es tan obvio que no teníamos la posibilidad de establecer unas multas adecuadas, como normalmente lo ha venido haciendo este Instituto, no de ahorita ni de estos últimos años”, dijo.
El consejero Jaime Rivera advirtió que la distribución masiva de acordeones solo pudo haber sido posible con apoyo de grupos de poder político o incluso del crimen organizado.
“Tales entes políticos u organizaciones pudieron ser: gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales, obviamente, todos ellos tienen prohibido por la ley tal intervención en esta clase de elecciones”, apuntó.
Rivera reconoció que la Unidad Técnica de Fiscalización no logró identificar el origen ni el costo total de las listas, pero confió en que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales pueda investigar a fondo.
Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas descartó que los acordeones hayan determinado por sí solos los resultados de la elección.
“No hubo acordeones mágicos”, afirmó. “No podemos pretender sanciones como si los acordeones pudieran llegar, en las fantasías más desarraigadas, a significar una nulidad. No se puede, no hay materia, no hay materialidad en este argumento. Sin embargo, del otro lado, tampoco se puede negar que hubo beneficiarios”.
Los consejeros Claudia Zavala y Martín Faz señalaron que la unidad de fiscalización tuvo solo mes y medio para investigar el origen de los acordeones, lo cual impidió una indagatoria exhaustiva.
“Todavía hay muchas líneas de investigación que se tienen que desahogar, porque sería muy grave para el sistema electoral mexicano que, a pesar de que otras autoridades tienen personas responsables directas de su distribución, nosotros hagamos como que no existe”, dijo Zavala.
“Tenemos que entrar de manera muy seria a la investigación, porque lo que no tiene que pasar es que esta autoridad se quede con las manos atadas frente a semejante ilegalidad”.
La consejera Norma de la Cruz también se opuso al proyecto, argumentando que la sanción es ilegal al castigar exclusivamente a candidaturas ganadoras que aparecieron en diez modelos de propaganda electoral impresa y digital.
