Seis organizaciones empresariales manifestaron este jueves su rechazo a la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar viviendas ocupadas de manera irregular mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra.
En un comunicado conjunto, las agrupaciones señalaron que la iniciativa vulnera el derecho de propiedad y representa un riesgo para el patrimonio de los trabajadores mexicanos.
El posicionamiento fue firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
“Legalizar la ocupación de viviendas sin escrituración y a precios subsidiados equivale a normalizar las invasiones, institucionaliza la ilegalidad y desvirtúa el mandato legal del Infonavit”, advirtieron las organizaciones.
Los empresarios sostuvieron que el Instituto carece de facultades para transferir viviendas que no le pertenecen legalmente, ni para beneficiar a personas sin relación jurídica con el organismo. De acuerdo con datos citados, el 86 % de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar están ocupadas por personas sin vínculo con los propietarios legítimos.
En ese sentido, alertaron que esta situación compromete los fondos de los trabajadores afiliados y mina la certeza jurídica en el país. También recordaron que el Infonavit enfrenta una crisis financiera desde 2015, con un aumento en el índice de morosidad del 7.8 % en 2018 a más del 18 % en 2024.
Si se incluyen los créditos segregados, advirtieron, el deterioro de la cartera asciende al 32 %, lo que implica que uno de cada tres créditos presenta algún tipo de incumplimiento.
Durante la conferencia matutina del pasado 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema y afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”.
Las organizaciones empresariales reconocieron esta declaración, pero pidieron que se traduzca en acciones concretas por parte del gobierno federal y de las instituciones involucradas.
“El Infonavit no tiene atribuciones legales para entregar créditos, rentas o escrituras a personas no afiliadas; esas funciones corresponden a instancias como la Sedatu o la Conavi”, añadieron.
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Finalmente, solicitaron a la Asamblea del Infonavit detener cualquier intento de legalizar ocupaciones ilegales y llamaron a las autoridades a actuar con responsabilidad, legalidad y transparencia.
“México necesita instituciones fuertes. En el sector empresarial seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley”, concluyeron.
