En el contexto del Día del Padre, colectivos feministas y activistas por los derechos de la infancia denunciaron que México enfrenta una grave crisis estructural por la impunidad de deudores alimentarios, muchos de los cuales, dicen, ocupan cargos públicos e incluso judiciales, protegidos por la indiferencia institucional y vacíos legales.
Según cifras censales, más de un tercio de los hogares mexicanos están encabezados por madres autónomas, quienes enfrentan las consecuencias de la ausencia de paternidades responsables y el incumplimiento sistemático del pago de pensiones alimenticias, una problemática que afecta a más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes.
“Estamos hablando de un padre abandónico, un hombre que ha renunciado de manera consciente a ejercer la paternidad”, denunció Diana Luz Vázquez, activista e impulsora de la Ley Sabina, legislación que busca sancionar el incumplimiento de estas obligaciones y visibilizar el fenómeno a nivel nacional.
Deudores en el poder
La polémica se ha intensificado luego de que varios jueces con expedientes por incumplimiento de pensión alimenticia fueran elegidos para ocupar magistraturas en distintos tribunales del país, lo que ha generado indignación entre madres afectadas y organizaciones civiles.
Entre los casos señalados destacan:
- Roberto Alejandro Pérez, electo como magistrado penal en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, a pesar de una denuncia por parte de Emilia Espinoza, madre de sus hijos.
- Mirsha Rodrigo León, elegido magistrado en materia civil en la Ciudad de México, señalado por madres como cómplice en violencia vicaria y por pactar con deudores.
- Juan Miguel Morales Monter, postulado como magistrado familiar en la capital del país, quien fue separado anteriormente de su cargo en la fiscalía local por revictimizar a la madre Maha Schekaiban y quitarle la custodia de sus hijos.
“Estos casos no son hechos aislados, sino reflejo de una estructura institucional que protege a los deudores y abandona a las madres e infancias”, sentenció el colectivo Ley Sabina contra Deudores Alimentarios en un pronunciamiento público.
Registros incompletos y acceso limitado
Pese a que en México existe un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, sólo Oaxaca y Coahuila han hecho públicos sus listados de manera completa. La Ciudad de México anunció recientemente que lo hará en los próximos días. No obstante, la base de datos nacional no incluye la totalidad de los estados ni permite consultas abiertas sin proporcionar información personal.
“Pareciera que les están cuidando el prestigio (…) a estos deudores, y por otro lado a nosotras nos dejan solas”, reclamó Vázquez.
Propuestas ante la impunidad
Como medida de presión, activistas colocaron el sábado carteles con los rostros de jueces deudores frente a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) y este domingo presentaron denuncias formales contra una decena de ellos.
En paralelo, en estados como Nuevo León y Ciudad de México se han presentado propuestas legislativas que buscan restringir el acceso de deudores a eventos masivos como conciertos y partidos de fútbol, al estilo de políticas ya vigentes en Argentina.
“Si tienen recursos para entrar al estadio, claro que tienen para la alimentación de sus hijos”, subrayó Greta Barra, diputada de Morena en Nuevo León.
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La iniciativa, sin embargo, requiere como condición la creación del registro local de deudores, aún inexistente en al menos 28 entidades federativas.
“Somos un país futbolero, y que se les prohíba la entrada al estadio sería un mensaje claro de cero tolerancia”, concluyó Vázquez.
Con información de EFE.
