Integrantes del Consejo Ciudadano de Morelos señalaron al exalcalde de Cuernavaca y actual diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), lo que ha derivado en una deuda millonaria con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con el organismo ciudadano, durante las gestiones de Blanco y su sucesor, Antonio Villalobos Adán, el SAPAC acumuló un adeudo superior a los 230 millones de pesos con la CFE, pese a que los usuarios cumplían con sus pagos, los cuales incluían el costo del consumo eléctrico.
“El problema no es solo que haya un pasivo, sino que ese dinero ya fue pagado por la ciudadanía. Ahora se busca que la población vuelva a cargar con ese costo, lo que es inaceptable”, declaró Antonio Sánchez Purón, integrante del Consejo Ciudadano.
El Cabildo de Cuernavaca y la Junta de Gobierno del SAPAC ya solicitaron al Congreso del estado autorización para formalizar un convenio con la CFE. El acuerdo propone pagos escalonados por 130 millones de pesos: tres millones mensuales hasta 2027 y 2.4 millones durante 2028. No obstante, organizaciones ciudadanas advierten que esta medida comprometerá recursos públicos destinados a infraestructura y servicios esenciales.
Además del adeudo energético, el Consejo denunció pagos irregulares entre 2017 y 2018 por un monto de 13 millones de pesos a la empresa Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V., la cual fue registrada utilizando documentación falsa. El ciudadano Guillermo Cuenca Cuautle, originario de Puebla, fue identificado como accionista y representante legal sin su consentimiento. La empresa carecía de historial operativo y emitió 207 facturas sin evidencia de servicios prestados o materiales entregados.
Durante la administración de Villalobos Adán también se detectaron irregularidades en una auditoría contratada para revisar gestiones anteriores. Aunque el contrato se estableció por 250 mil pesos, el SAPAC terminó pagando 17 millones a una firma que operaba como una estética o asociación civil sin capacidad técnica. A la fecha, no hay informes ni resultados de dicha auditoría.
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Frente a este panorama, el Consejo Ciudadano informó que desde octubre de 2020 ha presentado denuncias ante más de diez instancias, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Congreso de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado avances significativos.
Ante la inacción institucional, el Consejo hizo un llamado directo a la gobernadora Margarita González Saravia para que se dé seguimiento a las denuncias. También solicitaron la intervención del fiscal general del estado, del fiscal especializado en combate a la corrupción, del Congreso local y del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como del propio SAPAC, para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
“La ciudadanía no debe seguir pagando las consecuencias de una administración marcada por la opacidad y la simulación. Lo que está en juego es la confianza en las instituciones y el derecho a un servicio público digno y transparente”, concluyeron los representantes del Consejo.
