Un Tribunal Federal ratificó la suspensión que impide el traslado del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos, uno de los líderes del extinto cártel de Guadalajara.
Según la defensa de Caro Quintero, se le pretende trasladar a territorio estadunidense sin que haya concluido el juicio de extradición en su contra, que inició en 2022.
Hace unos días, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró infundado el recurso de queja que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) contra la medida cautelar otorgada por Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.
La FGR argumentaba que el narcotraficante ya cuenta con una suspensión que frenó su extradición, por lo que no procedía otorgar la nueva medida cautelar; sin embargo, el Tribunal federal señaló que la reciente demanda de amparo analizada es de inicios de este año, agregando que “se le pretende trasladar a Estados Unidos, sin que haya concluido su procedimiento de extradición debido a las presiones que el nuevo gobierno de ese país ejerce contra México, fuera de todo cause legal”.
De qué se le acusa a Caro Quintero
Caro Quintero es acusado de la tortura y asesinato del agente de la DEA “Kiki” Camarena en 1985, por ello, Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares por su captura.
Después de su detención en abril de 1985, Rafael Caro Quintero permaneció encarcelado durante 28 años en el penal de Almoloya, Estado de México, en Puente Grande y desde 2010 en un reclusorio preventivo de Jalisco hasta que lo liberaron en agosto de 2013, luego de que un juzgado desechara varias causas en su contra por fallas al debido proceso.
Tras su liberación, el gobierno de Estados Unidos demandó su captura con fines de extradición, bajo cargos de secuestro y asesinato de un agente federal, crímenes violentos, posesión y distribución de cocaína y marihuana, entre otros.
Acusado por la DEA de haber seguido traficando tras su excarcelación en 2013, el capo fue detenido en julio de 2022 en la localidad de Choix, Sinaloa, y recluido en el penal del Altiplano.
De acuerdo con el expediente, su defensa presentó un nuevo amparo contra su extradición el pasado 20 de enero, fecha en que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró a los cárteles de la droga como grupos terroristas.
