Jueza federal ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar la publicación de la Reforma Judicial en un plazo de 24 horas.
En su resolución, la jueza determinó que de no cumplirse la orden se dará vista al Ministerio Público para que imponga una pena de tres a nueve años de prisión o la destitución o inhabilitación.
La jueza Nancy Juárez, encargada de dar la orden, forma parte del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ha recibido 140 órdenes para suspender la organización de la elección del Poder Judicial, por lo que los consejeros ya han decidido frenar actividades relacionadas con el proceso que se llevará a cabo en el 2025.
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dijo que no desacatarán las resoluciones de los jueces, horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que no hay razones para no seguir con la organización de la elección judicial.
“Si esto se suspende de manera definitiva habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos”, dijo la funcionaria.
“Nos meterá en un apuro en esta espera, esta calma de no avanzar con actos jurídicos ya propiamente del Consejo General, sí nos podrá meter en una complicación, pero lo tendremos que resolver”, agregó.
Taddei dijo que el Instituto Electoral también espera lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a los procesos que llevaron a la aprobación a la reforma.
“Hay un transitorio que establece que todo aquello que no esté decidido, pues le facultan al Instituto para que implementen medidas reglamentarias, y hay tesis, hay jurisprudencias, que hablan de última reforma es la que se tomaría en cuenta”, explicó sobre la falta de leyes secundarias.
En septiembre, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una amplia reforma al sistema de justicia que, entre otras cosas, establece la elección por voto popular de los juzgadores. Los cambios constitucionales han golpeado a los mercados locales y asustado a inversionistas.
El 1 de junio del próximo año se realizará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte -que pasará de 11 a nueve integrantes-, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.
En 2027 serán elegidos los cargos restantes.
El oficialismo sostiene que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque “no está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia organizada”.
La reforma ha generado, también, preocupación entre los inversionistas y socios comerciales de México, quienes temen que debilite el equilibrio de poderes y dañe el clima de negocios en la segunda economía más grande de Latinoamérica.
A principios de octubre, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) se declaró competente para determinar si la reforma judicial promovida por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.
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