La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó este martes, con una mayoría de 4 votos contra 1, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la asignación de diputaciones plurinominales. Esta decisión confirma la “súper mayoría” de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, tras resolver más de 8 mil 600 recursos que impugnaban el tema y alertaban sobre una posible sobrerrepresentación de la Cuarta Transformación (4T).
La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, abrió la sesión afirmando que la calificación de la elección es un asunto jurisdiccional, desvinculado de decisiones políticas. Soto aseguró que los magistrados tomaron sus decisiones sin sucumbir a presiones externas o amenazas, y actuaron con plena independencia y apego a derecho.
La postura en contra del proyecto fue presentada por la magistrada Janine Otálora Malassis, quien advirtió sobre la distorsión en la representación de los partidos políticos. Otálora cuestionó el hecho de que un voto pueda ser considerado como mayoría relativa para un partido y como representación proporcional para otro dentro de una coalición. La magistrada argumentó que la Sala Superior debió revisar detenidamente su línea jurisprudencial para asegurar que la interpretación de los artículos constitucionales sobre límites de sobrerrepresentación refleje la realidad y los principios democráticos. Según Otálora, la práctica actual permite a ciertos partidos superar los límites constitucionales de poder, lo cual compromete la esencia de la democracia.
“En las elecciones pasadas, las coaliciones participantes distorsionaron este principio al distribuir las diputaciones de manera que no reflejaba fielmente la voluntad popular. La sobrerrepresentación obtenida a través de estas coaliciones permitió a ciertos partidos acumular un poder que supera los límites constitucionales, comprometiendo así la esencia de nuestra democracia”, afirmó.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera, uno de los magistrados a favor del proyecto, argumentó que los límites constitucionales deben aplicarse a los partidos políticos de manera individual, no a sus coaliciones. Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anunció un voto particular parcial.
Mondragón reconoció la omisión legislativa en el tema y abogó por la necesidad de que el Congreso de la Unión establezca reglas permanentes para armonizar el sistema electoral. No obstante, enfatizó que no corresponde al tribunal inclinar la balanza a favor de una fuerza política mayoritaria, ya que eso ya fue decidido por la ciudadanía en las urnas.
“A nosotros como tribunal constitucional no nos toca inclinar la balanza a favor o encontra de una fuerza mayoritaria, eso ya lo hizo la ciudadanía en las urnas, para asignar las dipútaciones federales las autoridades electorales tomamos como base los votos, la responsabilidad principal es resguardar y velar porque la representación al interior del Congreso de la Unión sea precisamente reflejo de ese mandato popular”, aclaró.
En su intervención, Mónica Soto reiteró que en este momento no es jurídicamente posible modificar las reglas actuales. Subrayó que el Tribunal Electoral es la última instancia en el país en materia electoral y reafirmó su papel fundamental en garantizar que la representación en el Congreso refleje el mandato popular.
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