La integridad y la legitimidad del proceso electoral se han visto erosionadas por una violencia criminal minimizada por partidos y autoridades.
En el proceso electoral 2020-21 hubo 32 asesinatos. En el actual (2023-2024), entre 33 y 36, según la fuente consultada. En un informe difundido el pasado fin de semana, la consultora Lantia Intelligence informa que con datos de autoridades electorales de cinco estados (Chiapas, Chihuahua, EdoMex, Michoacán y Zacatecas) se han retirado de la contienda 2072 candidatos por miedo a posibles agresiones. Eduardo Guerrero, director de la consultora, añade que hay estados como Guerrero donde las cifras “son escalofriantes”.
Hay otras manchas en el proceso electoral. Se menciona el dinero criminal utilizado en campañas y las presuntas estrategias delincuenciales para sustituir a miles de funcionarios de casillas. Sin embargo, son dichos carentes de datos confiables.
Existen también múltiples indicadores sobre la indiferencia gubernamental y partidista ante la emergencia de una criminalidad que ya disputa el poder como si fuera un partido político más. Carecemos de metodologías sancionadas y de centros de documentación creados por el INE, el INEGI o la SSPC, de modo que solo contamos con información proporcionada por las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y las investigaciones de académicos. Esta información llena parcialmente un vacío, pero es insuficiente para establecer patrones de riesgo y medir el tamaño de la bestia.
Ejemplifico lo anterior con los reportajes de Emiliano Rodríguez Mega y Mary Beth Sheridan publicados el pasado fin de semana en las primeras planas del New York Times y el Washington Post. Los periodistas describen los territorios y espacios tomados por la delincuencia apoyándose en datos proporcionados por 21 víctimas o analistas, por una organización de la ONU y por tres funcionarios de Estados Unidos. También aparecen dos comentarios hechos en las mañaneras, una afirmación del fiscal de Morelos y se informa que la secretaria de la SSPC no aceptó la petición de una entrevista. Y cuando la autoridad se atrinchera en el silencio o la negación es imposible judicializar los delitos y se confirma que, en ese terreno, faltan los perpetradores encarcelados y abundan los “prófugos –diría Monsiváis— de la opinión pública”.
Según la obra pionera de Guillermo Trejo y Sandra Ley, Votos, drogas y violencia (2022), esta indiferencia se debe a que existe una zona gris de la criminalidad (cursivas en el original) a la que definen como un “ecosistema en el cual los criminales y los agentes del Estado coexisten informalmente y en el cual los grupos criminales organizados viven, crecen y se reproducen”. Primo Levi —superviviente de los campos de exterminio nazis— también utilizó el concepto de “zona gris” para explicar la convivencia entre víctimas y verdugos.
Para Trejo y Ley, la zona grismexicana es consecuencia de que la llamada “transición democrática” puso el acento en la reforma del sistema electoral, olvidándose de regenerar a las corporaciones policíacas y a las autoridades judiciales. La omisión está tras la impunidad generalizada que facilita la expansión de la zona gris. Añado una hipótesis de trabajo: en el ADN de la propia transición ya venía el virus de la complicidad y el impulso de proteger a los cuadros partidistas al servicio de la delincuencia. Es una omisión deliberada.
Lo dicho y lo callado por quienes están compitiendo por la presidencia permite confirmarlo. Todos han coincidido en la importancia de fortalecer las corporaciones policíacas sin presentar un proyecto concreto; todos, también, han debatido sobre el Poder Judicial Federal olvidándose de los poderes judiciales de las 32 entidades; y los tres han enunciado lo muchísimo que harán de llegar a la presidencia, y rara vez se comprometen a investigar y proceder judicialmente contra aquellos militantes de sus partidos sospechosos de ser parte de las zonas grises.
La transición mexicana a la democracia ha traído consecuencias positivas y negativas. Así como existen organismos sociales dispuestos a señalar y dar detalles sobre la existencia de esa zona gris de la criminalidad, también está presente la indiferencia de los gobiernos y partidos que permite su expansión. Es la parte oscura de nuestra democracia.
Colaboró Sebastián Rodríguez
