La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia de Miss Universo, ahora por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
De acuerdo con medios nacionales como Milenio y Reforma, el Ministerio Público Federal judicializó una nueva carpeta de investigación ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
La indagatoria también incluiría a los empresarios Andrés Javier ‘N’ y Alberto ‘N’, quienes, según las investigaciones citadas por ambos medios, presuntamente formaban parte de la estructura financiera bajo investigación.
Esta causa sería distinta a la abierta desde 2025 contra Rocha Cantú por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, por la que ya existe una orden de aprehensión en su contra.
El diario Milenio detalló que la nueva orden de aprehensión deriva de la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0001319/2025 y está sustentada en indicios contenidos en una querella presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 2 de diciembre de 2025 ante la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda.
En esa denuncia, la UIF habría descrito un presunto esquema para manejar recursos mediante empresas, cuentas bancarias y personas físicas e identificado a Rocha Cantú “como el probable beneficiario controlador y artífice corporativo de la estructura financiera investigada”.
Entre las operaciones detectadas se encontraría la adquisición de propiedades mediante cheques de caja por un millón 17 mil 176 pesos cada uno, con un monto total de 6 millones 950 mil pesos. El medio agregó que Rocha Cantú aparece en la lista de vigilancia global de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Respecto de Andrés Javier ‘N’ originario de Culiacán, Sinaloa, señaló que la investigación indica que presuntamente realizaba retiros de efectivo mediante Promotora e Inmobiliaria de Hoteles y Moteles del Norte y a través de personas físicas.
En cuanto a Alberto ‘N’, la UIF lo identificaría como el supuesto encargado de abrir cuentas bancarias utilizadas para movilizar importantes cantidades de dinero y que en sus cuentas personales fueron detectados movimientos por 16 millones 326 mil 768 pesos.
La pesquisa sostendría que la estructura presuntamente utilizaba cuentas personales de empleados para recibir fondos corporativos y posteriormente integrar esos recursos al sistema financiero.
La denuncia incorporaría a Soluciones Gasíferas del Sur, S.A. de C.V., propiedad de Rocha Cantú, que el 7 de febrero de 2023 recibió un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 745 millones 645 mil 19 pesos.
“En la investigación se sugiere que esto podría ser un beneficio en especie para Rocha Cantú, ya que Bernardo Bosh Hernández es padre de Fátima Bosch, quien después ganó el certamen de Miss Universo en 2025″, dice el reporte de Rubén Mosso.
Otro de los ejes de la investigación sería GI Euromex, S.A. de C.V., identificada por la UIF como la empresa que presuntamente funcionaba como tesorería y holding operativo de la estructura. Sus accionistas serían Rocha Cantú y Andrés Javier ‘N’.
Por su parte, Reforma señaló que durante las investigaciones habrían sido aseguradas alrededor de 500 cuentas bancarias presuntamente relacionadas con la estructura financiera.
En el caso de la primera causa contra Rocha Cantú por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos procedentes de Guatemala, la orden no había sido ejecutada inicialmente debido a que el empresario había obtenido un criterio de oportunidad y se había convertido en testigo colaborador.
Sin embargo, el empresario no acudió a las entrevistas ante el Ministerio Público Federal para las que fue citado el 8 de diciembre de 2025, por lo que la FGR solicitó reactivar la orden de aprehensión.
En diciembre de 2025, un Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió revocar la suspensión provisional que protegía al empresario frente a los actos de la FGR, con lo que quedó sin efecto la medida que impedía su detención.
