A punto de cumplir una semana, los 169 funcionarios penitenciarios que permanecían retenidos en siete cárceles del Ecuador fueron liberados en su totalidad, confirmó la noche del sábado el presidente Daniel Noboa.
Uno de los agentes falleció en una prisión del sur del país.
El mandatario felicitó “la labor patriótica” de las Fuerzas Armadas, la Policía y el organismo rector de las prisiones además de los ministros del sector de seguridad “por lograr la liberación” del cuerpo de seguridad penitenciaria y el personal administrativo en las cárceles de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Loja.
El anuncio del mandatario en la red social X, antes Twitter, estuvo seguido de un reporte del Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Adultas Privadas (SNAI), organismo que controla las prisiones, en que se indicó que se realizan “evaluaciones médicas” a los servidores liberados.
Agregó que se iniciarán las investigaciones para determinar a los responsables y las causas de los hechos violentos ocurridos en las cárceles del país.
No se difundió en qué circunstancias se produjeron las liberaciones.
El SNAI había indicado a mediados de la semana que un total de 178 servidores penitenciarios estaban retenidos, ocho fueron liberados la víspera, y 169 el sábado. En tanto, uno de los agentes murió la madrugada del sábado a raíz de un “enfrentamiento armado” entre miembros de la fuerza pública y reclusos del centro de detención en la ciudad costera de Machala, al sur del país, confirmó el SNAI.
La institución había mantenido el hermetismo y se había limitado a informar sobre la evolución de las cifras.
La entidad gubernamental no había dado detalles sobre el estado de salud o condición en que se encontraban decenas de custodios y de personal administrativo al interior de esos centros penitenciarios.
“Preocupado y con impotencia”, dijo sentirse Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, en declaraciones a The Associated Press, antes de conocerse la liberación. “Han pasado varios días y no sabemos qué está pasando con nuestros compañeros”, lamentó.
Ordóñez se quejó que el SNAI no les entregó información oficial sobre el estado en que se encontraban los retenidos y sobre lo que se supone estaban haciendo para liberarlos.
“No sé por qué no ingresan para resguardar sus vidas”, se preguntaba.
“Las familias están apostadas afuera de los centros sin saber si están vivos o heridos. Es un abandono, un atropello”, subrayó.
El país cuenta con 2 mil 800 agentes de seguridad penitenciaria que vigilan a una población de más de 30 mil presos.
La incertidumbre se acrecentaba con la circulación de varios videos en que se observaba a los guardias arrodillados, esposados o incluso amenazados con cuchillos por los reclusos, que los obligaban a leer un mensaje exigiendo al gobierno que no traslade a los presos a otros centros porque atentarían contra sus vidas.
El presidente Daniel Noboa, en una reciente entrevista en radio Canela, enfatizó que su gobierno no cedería ante las presiones de grupos que desde las prisiones intentaban presionarlo.
“Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la República, cosa que no va a suceder”, sostuvo. “Estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes”, había mencionado.
“Es difícil, es duro y me solidarizo con las familias, (pero) estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas”, recalcó.
Lo ratificó días atrás el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, al asegurar que “el SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes”, pero descartó una negociación por parte de los militares. “Aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión a la que nosotros no vamos a ceder”, puntualizó.
Ante la situación, el gremio de servidores presentó una “acción constitucional de protección” exigiendo que el SNAI, brinde las garantías para proteger la integridad física, psicológica y sexual de los funcionarios retenidos, dijo a la AP el abogado Diego Pozo. También se solicitaron medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó.
“Ellos fueron retenidos en sus propios lugares de trabajo y la máxima autoridad no han dicho nada ni hecho nada”, reclamó el jurista.
Entretanto, el sábado continuaban los patrullajes y operativos de la fuerza pública en la capital y otras ciudades del país declarado en estado de excepción desde el lunes por una serie de ataques violentos sin precedentes.
La policía informó en su cuenta de la red social X que recapturó a dos reclusos de seis que “se habrían fugado” la noche del viernes de la Penitenciaría del Litoral, una de las más peligrosas del país.
La ola violenta escaló con la desaparición del narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, de una cárcel de Guayaquil, el domingo pasado. Según las autoridades, Macías lidera a Los Choneros, una de las bandas más peligrosas vinculada al cártel mexicano de Sinaloa que controla el tráfico de drogas en la ruta del Pacífico y a la que se le adjudican todo tipo de delitos.
Amotinamientos, secuestros, coches bomba, incendios y hasta la toma de un canal de televisión se produjeron en los últimos seis días. El gobierno declaró entonces un “conflicto armado interno” y calificó a una veintena de agrupaciones criminales como “terroristas”, convirtiéndolas en “objetivo militar”.
El último balance oficial del estado de excepción registra 1.105 personas detenidas, de ellas 94 por “terrorismo”, y cinco delincuentes calificados como “terroristas” abatidos. No se ha detallado si estas muertes son parte de los 14 fallecidos reportados en Guayaquil. Además se han desarticulado 28 grupos criminales, agregó el reporte.
La AP ha solicitado a la policía un balance de la cifra de muertes, pero no ha recibido respuesta.
Además, se registran 21 atentados contra infraestructura pública y privada y el decomiso de 413 armas de fuego, 224 armas blancas, 338 explosivos, más de 8 mil 700 municiones y mil 487 dólares, en la ejecución de unos 10 mil 478 operativos.
Información de La Jornada
