El hombre armado que irrumpió en una sinagoga en Pittsburgh y mató a 11 fieles fue sentenciado a muerte por perpetrar el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos.
Robert Bowers diseminó creencias supremacistas blancas en línea antes de planificar y llevar a cabo metódicamente la masacre de 2018 en la sinagoga del Árbol de la Vida, donde los miembros de tres congregaciones se habían reunido para rezar y estudiar la mañana de un sábado.
Bowers, un camionero de los suburbios de Baldwin, también hirió a dos fieles y cinco policías que respondieron al tiroteo.
El mismo jurado federal que condenó a Bowers, de 50 años, por 63 cargos criminales, recomendó que sea ejecutado por el ataque cuyo impacto continúa repercutiendo casi cinco años después.
El veredicto del jurado se produjo después de un largo juicio en el que sus miembros escucharon con escalofriante detalle cómo Bowers recargó al menos dos veces su arma, pasó por encima de los cuerpos ensangrentados de sus víctimas para buscar más personas a las que disparar y luego rendirse cuando se quedó sin municiones.
En la fase de sentencia, los miembros de las familias en duelo le contaron al jurado sobre las vidas que Bowers acabó, entre ellas una mujer de 97 años y hermanos con discapacidad intelectual, además del dolor implacable de su pérdida.
Los sobrevivientes testificaron sobre su propio dolor, tanto físico como emocional. A pesar de todo, Bowers mostró poca reacción al procedimiento que decidiría su destino, generalmente mirando papeles o pantallas en la mesa de la defensa.
Incluso le dijo a un psiquiatra que pensaba que el juicio estaba ayudando a difundir su mensaje antisemita.
Es la primera sentencia federal a muerte impuesta durante la presidencia de Joe Biden, cuya campaña de 2020 incluyó la promesa de poner fin a la pena capital.
El Departamento de Justicia de Biden ha impuesto una moratoria a las ejecuciones federales y se ha negado a autorizar la pena de muerte en cientos de nuevos casos en los que podría aplicarse.
Pero los fiscales federales dijeron que la muerte era el castigo apropiado para Bowers, citando la vulnerabilidad de sus víctimas, en su mayoría ancianos, y su ataque contra una comunidad religiosa basado en el odio.
La mayoría de las familias de las víctimas dijeron que Bowers debería morir por sus crímenes.
