Nayeli Roldán/Animal Político e IMCO
Antes de tomar posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador dio la orden de recortar gastos: “Seamos austeros”. Su lema “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” se materializó en la Ley de Austeridad Republicana.
La justificación: había toallas de 4 mil pesos, gastos en cocineros, escoltas, autos, asesores, seguro de gastos médicos…
Sin embargo, a cuatro años de austeridad, no solo se han recortado gastos suntuosos. También se dio un golpe a la operación misma del gobierno con recortes de personal, cancelación de prestaciones, falta de material para el trabajo cotidiano, vehículos detenidos por falta de gasolina, baños y elevadores descompuestos, oficinas a oscuras.
Los afectados no son solo burócratas y funcionarios.
Los recortes son de este tamaño: todo el gobierno tuvo 50% menos en insumos básicos como hojas, impresoras o fotocopiadoras entre 2018 y 2022, pero en Bienestar, la disminución llegó a 98%; en Presidencia, a 93%; en Hacienda y Función Pública, a 80%.
En los servicios generales, tan básicos como la electricidad, el internet o el agua, entre otros, el recorte fue de 37% entre todo el gobierno, aunque en ocho dependencias las disminuciones alcanzaron entre 80% y 90%, como Economía, Cancillería, Desarrollo Agrario o Turismo.
Estos recortes se traducen en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, prefirió recortar personal y no revisó ni arregló las principales carreteras, lo que hubiera evitado muertes.
También, en falta de viáticos que permitieran a la Secretaría de Educación Pública enviar personal que verificara daños en escuelas reportadas como inundadas o robadas. Como nadie verificó, no se pudieron cobrar los seguros.
Funcionarios de Bienestar tienen que hacer “vaquitas” para comprar papelería. Los de Cancillería pierden tiempo esperando el elevador que los lleve a alguno de los 23 pisos de su torre, porque la mitad está descompuesta. En Semarnat, trabajan con software pirata. El archivo digital del Registro Agrario Nacional está a punto del colapso por falta de presupuesto para su mantenimiento.
La consecuencia: el servicio a los ciudadanos ha empeorado.
Las denuncias por la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos han aumentado en 38%, y la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública creció en 17% entre 2018 y 2020, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos del Inegi.
La evolución del gasto fue comparada entre 2018 y 2022 para contrastar las cifras del gobierno de Enrique Peña Nieto con el de Andrés Manuel López Obrador. También, entre 2019 y el presupuesto para 2023, para analizar los cambios presupuestales solo en la actual administración, y dejando fuera del análisis 2020 y 2021, porque los años de pandemia provocaron gastos atípicos.
De esta comparación se desprende que la austeridad ha sido selectiva, porque recursos hay, y cada vez más. La administración de López Obrador gastó 3% más en términos reales que en 2019, cuando ejerció 7 billones 156 mil millones de pesos, en comparación con Peña Nieto en 2018, que ejerció 7 billones 102 mil millones. Pero al comparar 2019 con 2023, el crecimiento presupuestal es de 16% en términos reales, pues para el quinto año de gobierno tendrá 8 billones 299 mil millones de pesos de presupuesto.
Pero aun cuando la administración de López Obrador gastará más dinero el próximo año, los recortes para el funcionamiento de las oficinas de gobierno continuarán, porque la prioridad siguen siendo las obras insignia de esta administración y los programas sociales, que cada año tienen aumentos presupuestales.
El 2023, el gobierno federal tendrá 340 mil millones de pesos para materiales y suministros indispensables para trabajar en sus oficinas, un recorte de 26% en comparación con 2019, cuando tuvo 458 mil millones.
Para servicios generales tendrá 41% menos en 2023, es decir, 157 mil millones menos. Esto en realidad no es “ahorro”, sino el aplazamiento de un gasto que podría ser mayor ante la falta de mantenimiento de inmuebles cuyos desperfectos se pueden agravar.
Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron esta investigación para comprobar los efectos de la “austeridad republicana” en la labor cotidiana de los funcionarios y su repercusión entre los ciudadanos y los servicios que deben recibir.
La investigación se hizo a través de la revisión de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de todas las dependencias, un reporte trimestral y obligatorio por ley en el que se evalúan los riesgos que amenazan las metas y los objetivos institucionales; de los Informes de Austeridad, donde reportan los montos “ahorrados”; de encuestas del Inegi y de decenas de entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de todos niveles (cuyos nombres fueron cambiados en todos los casos para evitar represalias).
Igualmente, con el análisis de Cuentas Públicas y del presupuesto asignado y ejercido de los principales rubros para que el gobierno funcione: servicios personales (pagos y prestaciones a empleados), materiales e insumos (artículos de papelería, higiene, refacciones de máquinas, etcétera) y servicios generales (rubro que lo mismo incluye mantenimiento a edificios para dar servicios a ciudadanos que la ciberseguridad para evitar robo de información).
Trabajar sin lo mínimo indispensable
Al inicio de la pandemia, en abril de 2020, la instrucción de trabajar en casa puso en apuros al área de Magali, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación. Ahí trabajaban 12 personas, pero solo había una laptop. Todas debían seguir trabajando, así que algunas, como ella, tuvieron que comprar un equipo adicional porque la única computadora en casa la ocuparía su hija para tomar clases a distancia.
Otros más no pudieron hacer ese gasto, “por eso regresamos a trabajar por turnos”, cuenta Magali; sin embargo, eso alentaba los procesos burocráticos, de por sí poco eficientes. Además, al trabajar en la oficina, “no había ni siquiera hojas para poder imprimir archivos, por eso andábamos recolectando hojas con otras áreas y luego las reponíamos”. Esto, porque solo les entregaban un paquete de papelería cada mes; si se acababa, no resurtían.
Mónica, exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda, asegura que en los últimos dos años no había papelería para armar carpetas ni siquiera para las reuniones relevantes con funcionarios de organismos internacionales o para el mismo secretario; se eliminaron las impresoras a color y a veces ni siquiera había hojas; el extremo era limitar el papel higiénico, pues les repartían un rollo a granel por cada sanitario una vez al mes.
“Nosotros comprábamos cosas de papelería por fuera para cumplir con el trabajo, pero todo eso nos hizo sentir que el servicio público era devaluado, pese a que éramos los empleados que sacaban el trabajo todos los días”, relata Mónica.
En la Semarnat, no solo tenían computadoras obsoletas; tampoco tenían programas instalados porque los mandos no quisieron pagar las licencias. Los trabajadores usaban versiones pirata o software libre, lo que incrementaba el riesgo de ataques cibernéticos y poca eficiencia; los funcionarios optaron por llevar sus propias computadoras, explica Sofía, otra exempleada.
Los números confirman esto.
Como parte de la investigación, en Animal Político y el IMCO se analizó el “Clasificador por objeto del gasto”, donde se encuentra organizada por claves cada una de las cosas que se compran, contratan o arrendan para el funcionamiento de gobierno. Luego se consultó con fuentes, como exoficiales mayores, para seleccionar los servicios y artículos básicos para poder trabajar en las oficinas gubernamentales, desde energía eléctrica hasta arrendamiento de edificios, o seguridad informática, y se obtuvo una selección de 38 conceptos. De ellos, 30 tuvieron recortes.
De ese análisis se desprende que, por ejemplo, la clave 21101 correspondiente a “materiales y útiles de oficina” —que incluye papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, entre otros— tuvo un recorte de 22% entre 2018 y 2022, y para 2023, los funcionarios tendrán aún menos papelería, con 2 mil 115 millones de pesos, es decir, mil 270 millones menos en comparación con 2018.
En la Secretaría de Bienestar, la dependencia encargada de la distribución de miles de millones de pesos de los programas sociales, la principal acción en materia social, las reparaciones de impresoras y fotocopiadoras y la renovación de equipos de cómputo tardaron más de lo normal, mientras que los faltantes de tóner y hojas han hecho que los funcionarios también tengan que comprar insumos para trabajar, cuenta José, un exfuncionario.
El recorte explica estos faltantes. La compra de materiales y útiles de impresión, de la partida 212021 —que incluye la “adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación”— tuvo un recorte de 50% entre 2018 y 2022.
Mientras, el concepto 29301 “refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración” —que abarca fotocopiadoras, escritorios, sillas, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras— tuvo 40% menos. Y el mantenimiento y la conservación de bienes informáticos como computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de seguros, tuvieron 15% menos dinero entre 2018 y 2022.
El “ahorro” sale caro
Cinco meses después de asumir la presidencia, el 3 de mayo de 2019, Andrés Manuel López Obrador dirigió un memorándum a los funcionarios de su gobierno para instruirlos a vivir “en la justa medianía”. Enlistó 13 medidas de “austeridad republicana” que se sumaban a la eliminación de los seguros de separación individualizada y de gastos médicos y viáticos.
Esto provocó que funcionarios experimentados renunciaran para trabajar en la iniciativa privada, con salarios acordes a sus conocimientos y la calidad de vida que su trabajo les permitía, relatan exdirectivos.
Eso ocurrió en la Procuraduría Fiscal. Sin embargo, explica una fuente, dicho órgano debe tener abogados lo suficientemente expertos para enfrentar a feroces despachos de grandes empresas que evitan a toda costa pagar multas. Cuando el gobierno pierde estos juicios, significa miles de millones de pesos que no entran a las arcas, por lo que sería incluso más rentable pagar sueldos competitivos a abogados que ganen esos litigios y lograr esas recuperaciones, que ni siquiera se comparan mínimamente con sus sueldos.
La Secretaría de Hacienda incluso advirtió en 2020 que existía este riesgo en la Procuraduría Fiscal debido a sus recursos humanos: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos identificó ciertos factores que podrían incidir en la atención de asuntos jurídicos de forma deficiente o fuera de plazos legales establecidos en los diversos juicios”.
La solución de ese riesgo era realizar “acciones dirigidas a lograr la especialización de los recursos humanos, mediante la identificación de necesidades de capacitación y gestión de cursos correspondientes y la evaluación de personal”, según se asentó en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020.
Incluso, otro problema era el personal de recién ingreso poco competente en todas las dependencias, como quedó asentado en el reporte de riesgos de Hacienda 2021. “Los programas y proyectos de inversión fueron gestionados de manera deficiente”, por lo que dichos proyectos (que requieren financiamiento público) “tuvieron retraso y posible suspensión derivado del incumplimiento de envío de evaluaciones”.
Por ello, la Unidad de Inversiones de Hacienda se comprometió a realizar “acciones relacionadas con capacitación a servidores públicos de las instituciones públicas y a su personal al interior de la unidad, así como para el monitoreo en materia de evaluaciones de las dependencias”.
Otras medidas dictadas por López Obrador desde 2019 fueron el recorte de 30% en distintos insumos como papelería, materiales de impresión, combustibles, viáticos nacionales, estudios e investigaciones, y 50% de recorte en viajes al extranjero, arrendamiento de vehículos y subcontratación de servicios con terceros. Incluso, impuso que los viajes de funcionarios al extranjero debían ser aprobados por él.
Pero los viajes al extranjero y los viajes dentro del país no necesariamente son un lujo sino una necesidad para cumplir con labores de gobierno y atención a ciudadanos. Por ejemplo, los funcionarios de la SEP deben revisar las afectaciones a escuelas durante siniestros como en la inundación de Tabasco en 2020 o los robos ocurridos durante la pandemia.
Los viáticos apenas ascenderían a unos 10 mil pesos por visita, pero sin ese presupuesto, los funcionarios no pudieron acudir a las escuelas para verificar los daños, un requisito indispensable dentro del trámite para hacer efectivos los seguros.
Las revisiones estuvieron a cargo del ajustador de la empresa de seguros (que siempre buscará pagar menos) y, para tener a un representante de gobierno, la SEP tuvo que contratar a un despacho para acompañar las revisiones, es decir, en este caso solo se prohibieron los viáticos, pero no hubo ahorro.
A esto se suma que la SEP debe firmar convenios con las autoridades de las escuelas que recibirán el seguro tras algún siniestro. Dichos documentos deben ser firmados por el titular de Recursos Materiales y otros funcionarios. Sin embargo, si alguno fue despedido o renunció, los documentos deben ser reemplazados para tener las firmas de los funcionarios en activo.
“La directora podría tener hasta 150 convenios en su escritorio esperando las firmas de nuevos funcionarios. Y hasta no tenerlos, las escuelas no reciben el seguro. Esto provocó retrasos de hasta un año. A la fecha, no han reparado la totalidad de escuelas en Tabasco”, dice Martín, un exfuncionario de la dependencia.
A esto también se suma que, ante los siniestros, el Fonden entregaba dinero de manera directa a la SEP para hacer frente a las reparaciones en las escuelas, pero al desaparecer (también por orden presidencial), la dependencia debió pagar una póliza más alta del seguro para catástrofes, que solo en 2021 ascendió a más de 900 millones de pesos.
Respecto de los viajes al extranjero y viáticos, es cierto que ocurrieron excesos en el sexenio pasado, por ejemplo cuando Peña Nieto viajó a Francia para los festejos del Día Nacional con una comitiva de 143 personas. Sin embargo, presupuestalmente los viáticos al extranjero también forman parte de funciones del gobierno y no todos los gastos son superfluos, advierten funcionarios.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los viajes al extranjero forman parte de su responsabilidad y razón de ser. Sin embargo, hubo un recorte de 42% en servicios de traslado y viáticos comparando el presupuesto de 2018 contra 2022.
Es decir, la dependencia ha tenido las mismas responsabilidades que siempre, pero tuvo 154 millones de pesos menos en viáticos.
Si bien los viajes en el mundo durante la pandemia de COVID-19 se frenaron, hacia 2021 comenzaron a retomarse actividades y la petición de evitar los recortes en este rubro fue expuesta en el Informe de Austeridad de la SRE, documento que todas las dependencias deben entregar al Senado anualmente.
En el apartado de “posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana”, la Cancillería explicaba que “las medidas de austeridad no deberían aplicarse bajo el mismo porcentaje y en los mismos rubros en toda la Administración Pública Federal; como ejemplo, el caso de esta dependencia cuya misión es conducir la política exterior mexicana mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención de los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República”.
“Para el caso de las comisiones oficiales al extranejro no debería aplicarse el mismo porcentaje de ajuste que, por ejemplo, a una dependencia cuyas actividades son en un 90% o más en nivel nacional en comparación con Relaciones Exteriores, donde más del 70% de sus actividades son a nivel internacional. Todo lo anterior, derivado de la naturaleza de su existir”.
Pero esa petición no fue escuchada. Para 2023, la Cancillería tendrá 16% menos dinero que en 2019 para gastos de viáticos y traslados, pese a que todas las actividades presenciales han sido restablecidas tras la pandemia.
La falta de viáticos para responsabilidades internacionales provocó que en 2020 México perdiera su lugar en el Comité Ejecutivo del Marco Inclusivo de la OCDE, encargado de revisar los impuestos a la economía digital, debido a que no hubo recursos para el viaje. El lugar de México fue ocupado por Argentina, como se pudo comprobar en la lista de integrantes de abril de 2022.
También perdió su lugar en el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund), uno de los tres principales organismos de financiamiento climático de la ONU y cuya representación estaba a cargo de Hacienda, pero en este caso la salida del país fue provocada por una permanente rotación del representante ante despidos o renuncias.
Hacienda incluso advirtió la falta de viáticos como un riesgo, “la insuficiente provisión de viáticos aéreos y terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”, según asentó en su programa de riesgos.
En riesgo, millones de hectáreas del país
La plataforma del Sistema Registral Automatizado del Registro Agrario Nacional (RAN) está a punto del colapso por falta de presupuesto para realizar el respaldo. Se trata del sistema que almacena cada una de las actas de propiedad de la tierra en el país, de los juicios agrarios y toda la información digitalizada que da certeza a la tenencia de cada hectárea.
Desde 2019, el RAN ha solicitado 38 millones de pesos solo para asegurar el respaldo de la plataforma, aunque actualizarla costaría 100 millones. Pese a que se trata de un asunto crítico y que podría traer consecuencias incalculables, cada año les han negado el presupuesto extra bajo la misma razón: las medidas de austeridad.
Además, los recortes de personal y de insumos han dejado al RAN con lo mínimo para atender a los millones de ciudadanos, a veces los más pobres, en los cientos de trámites que solicitan a diario.
Así lo reconoció incluso su titular, Plutarco García, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados en abril de 2022: “Debido a la austeridad y a los recortes presupuestarios, el RAN opera con menos personal a nivel central y en las oficinas de los estados. Esto nos ha creado un problema de acumulación de demandas, y con la llegada de la pandemia nos vino a limitar más la atención que teníamos programada con anterioridad”.
Con menos personal, el RAN debe atender a miles de ciudadanos, pero también proporcionar información y resolver los trámites para las obras prioritarias del presidente, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto ecológico del Lago de Texcoco o el Corredor Interoceánico, el plan de justicia de la Tribu Yaqui y el de la Selva Lacandona.
De esta ecuación, más trabajo, menos insumos y poco personal, alguien paga las consecuencias: los ciudadanos.
En la oficina del RAN de Toluca, la fila de personas recorre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y da vuelta hacia la avenida Miguel Hidalgo. Ahí está Justina, de 62 años, junto a su hija y nieta, formadas desde las 6:00 de la mañana para no perder la cita que le dieron un mes antes. Tramitará la “vigencia de derechos” de sus tierras en el Estado de México, un documento indispensable para acreditar la propiedad en una zona ejidal.
La constancia de derechos es el trámite más solicitado en el RAN y representa hasta 25% de los documentos procesados en las 34 ventanillas del organismo en todo el país. En 2018, por ejemplo, hubo 223 mil personas que obtuvieron ese documento, y en 2020, durante la pandemia y con las oficinas cerradas, el número cayó a 109 mil, pero aun así es un número que equivale a llenar cinco veces el Palacio de los Deportes.
Cuando al fin es atendida, le explican que deberá traer documentación, luego hacer una cita por internet y esperar hasta un mes. O si quiere ser atendida sin cita, debe formarse antes de las 7:00 de la mañana para alcanzar una de las 100 fichas que se reparten cada día. Después, deberá esperar 60 días para que le entreguen el documento.
Desde 2019, funcionarios del RAN se dieron cuenta de que había solución para que usuarios como Justina no perdieran tiempo ni dinero, y que los burócratas no invirtieran miles de horas de trabajo en este trámite. El área de informática creó la propuesta para que pudiera hacerse en línea y, con unos cuantos clics, los usuarios pudieran conseguir el documento de manera automatizada.
Avanzaron en la propuesta, pero tres años después aún no se concreta debido a que no hay personal suficiente para dar seguimiento a la propuesta; los funcionarios que quedan tras el recorte de plazas apenas alcanzan a resolver lo urgente, aun trabajando el doble.
Otro elemento es que este tipo de propuestas era atendida por la Secretaría de la Función Pública, pero al tratarse de una innovación tecnológica, ahora debe ser aprobada por Gobierno Digital, área que ha concentrado todas las decisiones en la materia para todas las instituciones, como como parte de la centralización de facultades en Presidencia y que se ha convertido en un cuello de botella.
Justina y miles más seguirán pasando horas esperando un turno en ventanilla.
