Por Juan Omar Fierro
Un tribunal federal confirmó la suspensión de plano y provisional otorgada por un juez de amparo al capo Rafael Caro Quintero para evitar que sea deportado, expulsado o extraditado de forma inmediata, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá agotar todos los procedimientos previstos en la Ley de Extradición antes de entregar al presunto narco a las autoridades de justicia de Estados Unidos.
La resolución fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México al analizar y resolver un recurso de queja promovido por la FGR contra la medida cautelar que un juez de amparo con residencia en Jalisco le otorgó al sinaloense, misma que posteriormente convalidó otro juez federal del Estado de México.
De acuerdo con el expediente del recurso de queja 183/2022, la Fiscalía impugnó la suspensión de plano que el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México concedió a Caro Quintero contra la extradición exprés, deportación o expulsión.
Sin embargo, para los magistrados federales la Fiscalía cometió un error que llevó al desechamiento de la queja y a la confirmación de la suspensión de plano que este mismo lunes podría convertirse en una suspensión indefinida, es decir, que Caro Quintero tendría asegurada su estancia en México hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo presentado por su defensa contra el procedimiento de extradición.
La resolución señala que la FGR debió impugnar la suspensión de plano que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco le otorgó a Caro Quintero desde el pasado 16 de junio del 2022, debido a que esa fue la suspensión original que se le concedió al narcotraficante.
Tras emitir la suspensión de plano, el juzgado de amparo de Jalisco se declaró incompetente por razones geográficas para llevar el caso, por lo que turnó el expediente a un juzgado de amparo del Estado de México que convalidó la suspensión de plano y provisional.
El fallo del tribunal federal señala que el Ministerio Público de la Federación decidió impugnar la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México que ratificó la suspensión de plano concedida por el juzgador jalisciense.
No obstante, para el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, la FGR debió impugnar la suspensión que se le había otorgado a Caro Quintero desde el 16 de junio del 2022, en lugar de solicitar a los magistrados federales que se revocara la convalidación de la suspensión de plano confirmada por un juzgado mexiquense el pasado 21 de junio del 2022.
“En efecto, el auto impugnado no concedió ni negó la suspensión de plano ni la provisional; sino que se limitó a convalidar o ratificar la que previamente había concedido el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, Juanacatlán, Jalisco, por lo que en su caso, era el auto de 16 de julio de 2022, el que pudo combatirse a través de la queja, pues la suspensión ya surtía sus efectos, sin que estuviera supeditada al proveído de 21 de junio de 2022”, señala el acuerdo judicial.
Este lunes se prevé que se celebre la audiencia constitucional para determinar si la suspensión de plano se convierte en definitiva, resolución que es prácticamente inevitable de acuerdo con lo previsto en las leyes de amparo y extradición. Caro Quintero fue recapturado el pasado 15 de julio en Chóix, Sinaloa, con base a una orden de reaprehensión que tiene en México por la condena de 40 años de prisión que se le impuso por el secuestro y asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, “Kiki Camarena”, y el piloto mexicano Alfredo Zavala, de los cuales sólo ha purgado 28 años.
Por ese mismo crimen y otros delitos, el fundador del Cártel de Guadalajara y actual líder del Cártel de Caborca también enfrenta una orden provisional con fines de extradición que ya le fue cumplimentada en el penal federal “Altiplano”, mandamiento judicial que fue librado por jueces federales a solicitud de las autoridades norteamericanas.
