Por jorge Burtón
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aceptaron el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de manera preliminar, pero aclararon que no dejarán la lucha hasta que les presenten pruebas científicas contundentes del caso.
Al leer el posicionamiento, Hilda Legileño, madre de uno de los estudiantes dijo que reconocen que la desaparición de sus hijos fue un crimen de Estado, ya que en ella participaron varias entidades estatales y municipales, lo que es significativo.
La participación de autoridades de al menos cuatro municipios aledaños a Iguala, Policía Federal y elementos del Batallón 27 y 48, que deben ser investigadas y sancionados, dijo Hilda Legileño.
Además, sostuvo que el paradero y destino de los normalistas no está esclarecido, aunque existen pruebas técnicas preliminares que deben ser estudiadas bajo el máximo rigor científico.
“Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y qué pasó con ellos”, dijo.
Por otra parte, señaló que la detención del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam representa un avance en el camino a la justicia, pues condujo una investigación turbia, irregular y plagada de tortura, así como manipulación y siembra de pruebas, construyendo una mentira que impidió saber el paradero de los normalistas.
“De haberse explorado otras líneas de investigación a escasos días de la desaparición, el éxito del paradero pudo ser más objetivo, sin embargo, su acción inhumana lo impidió, por ello es importante no dejar impune su actuación legal”, añadió.
Hilda Leguileño aseguró que los padres seguirán en la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes, pues no pueden claudicar la lucha hasta hasta que no tengan pruebas de su paradero.
Además, aunque sea doloroso para las familias saber su destino si no es en vida, aceptarían, siempre y cuando haya pruebas científicas de ello; solo de esa forma se irán a sus casas a llorarles y vivir su duelo. “ A la fecha no tenemos estas pruebas, por eso, la exigencia y la lucha siguen”, comentó.
Finalmente sostuvo que el informe del gobierno federal abre nuevas rutas de investigación, búsqueda y acción penal de las autoridades que deben seguir.
“Llamamos a la sociedad para que el caso no se olvide y quede en la impunidad, pues a esta generación le toca luchar para que actos como este no se repitan”, agregó.
Información de La Razón
